La gobernadora de New Mexico, Susana Martinez, ha exhortado a que se realice una reforma exhaustiva del sistema inmigratorio del país, y ha pedido a los candidatos que moderen sus palabras en medio del sentimiento antiinmigrante de muchos de sus correligionarios republicanos. Sin embargo, muchos la acusan a ella de ser antiinmigrante.

La única gobernadora latina del país ha criticado al precandidato republicano Donald Trump por sus declaraciones sobre los inmigrantes mexicanos, ha visitado un centro de detención para madres y niños centroamericanos, y ha viajado a Chihuahua, México, para promover el comercio.

Pero se critican sus intentos de revisar la ley de licencias de conductor para inmigrantes, cosa que la exprocuradora intenta hacer desde que asumió su cargo en 2011.

Demócratas y republicanos discrepan sobre la manera de obligar a New México a cumplir la ley federal REAL ID. Esta requiere pruebas de residencia legal en Estados Unidos para los que quieren usar los documentos de identidad estatales para acceder a ciertas instalaciones federales.

Ese requisito no existe en New Mexico, que permite a los inmigrantes obtener la licencia de conductor independientemente de su estatus legal. Los legisladores están divididos en cuanto a un proyecto que permitiría a los inmigrantes no autorizados obtener un documento oficial estatal que les permita conducir.

Martinez insistió en su llamado a modificar la ley estatal cuando el Departamento de Seguridad Nacional anunció el año pasado que New Mexico no obtendría una exención de los nuevos requisitos. Las instalaciones militares dijeron recientemente que no aceptarían los documentos estatales para permitir el ingreso, y las licencias en su forma actual no serán aceptadas para abordar vuelos comerciales a partir de 2018, dijeron funcionarios federales.

Algunos cientos de activistas se concentraron frente al capitolio estatal el lunes para criticar a Martinez por apoyar una propuesta republicana de adoptar las pautas federales en el estado. La medida dejaría de otorgar licencias de conductor a los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país, pero les permitiría obtener "permisos de conducir".

Marcela Díaz, directora ejecutiva del grupo Somos Un Pueblo Unido, calificó el proyecto republicano de "discriminatorio" y acusó a Martinez de "fomentar una agenda antiinmigrante" en New Mexico, un estado habitualmente acogedor para los inmigrantes.