Perú: Tribunal ordena excarcelar a expresidente Fujimori

y acortar una sentencia que iba a culminar el 10 de febrero de 2032.

y acortar una sentencia que iba a culminar el 10 de febrero de 2032.

Fujimori fue condenado en 2009 por su autoría mediata en dos matanzas ejecutadas por un escuadrón militar que combatía con métodos de guerra sucia al grupo terrorista Sendero Luminoso. La primera ocurrió el 3 de noviembre de 1991 en una zona cercana a la plaza de Armas de Lima, en un barrio pobre llamado Barrios Altos. Los militares encapuchados ingresaron a una fiesta y mataron a 15 vecinos. El diario local Ojo tituló en su tapa Ni niño escondido se salvó de la matanza, en referencia a Javier Ríos, un menor de ocho años perseguido en la fiesta y acribillado.

La segunda matanza fue en julio de 1992, cuando los mismos militares secuestraron y asesinaron a nueve universitarios y un catedrático de una universidad que forma profesores conocida como La Cantuta. Los forenses indicaron que los jóvenes fueron torturados, recibieron un tiro en la nuca, sus cadáveres fueron quemados y ocultados en fosas comunes. El grupo militar clandestino funcionaba bajo la fachada de una oficina de arquitectura y era financiado por la gestión de Fujimori.

El presidente Pedro Castillo dijo en su cuenta de Twitter que los órganos de justicia internacional a los que el Perú está adscrito, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podrán proteger el derecho de los familiares de las víctimas, quienes podrán apelar a esas instancias.

Por su parte, el primer ministro Aníbal Torres añadió que la decisión perjudica a Perú, aunque acatarán el fallo. ¿Dónde quedan las familias de las víctimas de Barrios Altos, La Cantuta? Delitos gravísimos. Los secuestraron, los quemaron vivos, los descuartizaron y los enterraron clandestinamente. Por delitos de esa naturaleza ha sido sancionado el señor Fujimori, dijo el primer ministro a la radio local RPP.

Luego comentó a la radio local Exitosa que el Tribunal se convierte en adalid de la impunidad de los grandes delincuentes y evidencia que en Perú tienen derechos fundamentales los más avezados criminales.