Detención para expresidente Cristiani por muerte de jesuitas

Un juzgado salvadoreño ordenó el viernes la captura del expresidente Alfredo Cristiani para que sea procesado por su presunta participación en la matanza de seis sacerdotes jesuitas y sus dos colab...

Un juzgado salvadoreño ordenó el viernes la captura del expresidente Alfredo Cristiani para que sea procesado por su presunta participación en la matanza de seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras, perpetrada por un comando del ejército en 1989.

Cristiani es acusado por omisión, es decir por saber que ocurriría y no impedir la masacre.

En una declaración pública divulgada el mismo viernes por su hija, el exmandatario rechazó nuevamente las acusaciones y adelantó que no se presentará ante la justicia bajo el argumento de que no tendría garantías procesales en El Salvador.

También se ordenó la captura del exdiputado Rodolfo Parker. Tanto Cristiani como el exlegislador fueron citados para el martes, pero no asistieron, ni sus abogados.

No queda más que decretar la detención en contra de esas personas porque no se presentaron al juzgado y no enviaron abogados, señaló el juzgado en su resolución.

El exmandatario salió del país en junio de 2021 después de comparecer ante una comisión especial del Congreso que investigaba los sobresueldos de exfuncionarios del gobierno. Cuando se reabrió el caso del asesinato de los jesuitas, su hija Claudia Cristiani publicó algunas fotografías en las que aparece su papá y dijo entonces que estaban en la cuna del abuelo, es decir Italia, aunque no está claro si se encuentra ahí.

El Ministerio Público vincula al expresidente Cristiani, al exdiputado Parker y a varios altos mandos militares de la época, con la autoría intelectual de los asesinatos. La Ley de Amnistía General de 1993, promulgada en el gobierno de Cristiani y derogada en 2016, había impedido procesar a los involucrados en crímenes de guerra.

En el caso del exjefe de la Fuera Aérea, general en condición de retiro Juan Rafal Bustillo, y del mayor Carlos Camilo Hernández Barahona, el juzgador dijo que continuarán siendo procesados en libertad porque no hay peligro de fuga, ya que fueron los únicos que se presentaron por su voluntad al juzgado.

El general Juan Orlando Zepeda y el coronel Manuel Antonio Rivas han recibido medidas sustitutivas a la detención, argumentando problema de salud de los imputados, pero deberán de presentarse a juzgados cada 15 días.

Al exministro de Defensa, general Rafael Humberto Larios y los coroneles Nelson Iván López y Joaquín Arnoldo Cerna Flores, se les decretó la detención preventiva.

También decretó instrucción con detención provisional para el general Orlando Inocente Montano, pero éste cumple una condena de 133 años en España por su participación en la matanza.

Minutos después de trascender la decisión del juzgado, una hija de Cristiani publicó en Twitter una declaración del exmandatario en la que niega haber tenido conocimiento que asesinarían a los sacerdotes y arremetió contra el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, a quien señaló de acusarlo de mala fe y con claro desprecio a la verdad.

La verdad es que nunca supe de los planes que tenían para cometer esos asesinarlos. Nunca me informaron, no me pidieron autorización porque sabían que jamás hubiera autorizado que se hiciera daño al padre (Ignacio) Ellacuría o a sus hermanos, señaló Cristiani, quien gobernó el país de 1989 a 1994.

Afirmó que tampoco hubo encumbramiento de mi parte, y que desde el primer día exigió una investigación objetiva. Además, solicitó la participación del FBI, Scotland Yard y la Policía Nacional de España les brindarán apoyo en la investigación, y que así lo hicieron.

Cristiani dijo que el asesinato de los padres jesuitas, de Elba Ramos, y su hija Celina Ramos, fue un acto espantoso, fue un acto salvaje y las víctimas de esta y otras muchas atrocidades tienen derecho a la justicia y el pueblo salvadoreños tiene derecho a saber la verdad. Sin embargo, aseguró , pero que la acusación del fiscal general no busca justicia, ni verdad. Busca perjudicar a quien consideran un opositor político inconveniente.

Agrega que la justicia en El Salvador ha dado paso al odio, a la venganza y a la persecución política de opositores y de personas que lucharon y luchan por la democracia y por la paz.