Bolivianos protestan en contra de la violencia de género

entre otros, en el caso de Richard CH. El sentenciado debía cumplir una condena de 30 años de prisión sin derecho a indulto, pero fue liberado al cumplir tres años por supuestamente padecer una en...

entre otros, en el caso de Richard CH. El sentenciado debía cumplir una condena de 30 años de prisión sin derecho a indulto, pero fue liberado al cumplir tres años por supuestamente padecer una enfermedad grave.

¡Jueces, fiscales, la misma porquería!, gritaban los marchistas a su paso por el Ministerio Público y los juzgados en la ciudad de La Paz, la sede gobierno.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que Richard CH, tiene el perfil de un psicópata sexual. La policía encontró en su domicilio dos cuerpos enterrados de dos jóvenes desaparecidas tras pesquisas por una denuncia de supuesta trata y tráfico de personas y proxenetismo.

Pido por toda esta gente. Que al juez que lo ha liberado a este hombre... que le den 30 años de castigo, expresó Felix Cañaviri, un padre de familia que perdió a su hija hace siete años tras un feminicidio.

En la marcha también se encontraban vecinas de Richard CH. que pidieron que su casa sea demolida y que pase a manos de la policía. La semana pasada, vecinos ingresaron al domicilio, encontraron ropa femenina y joyas de oro.

La justicia boliviana pasa por una crisis. El ministro de Justicia, Iván Lima, recientemente informó que el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Diego García-Sayán, llegará al país a mediados de febrero para evaluar la independencia de la justicia.

Necesitamos una justicia independiente y no vamos a cesar en el esfuerzo para que este objetivo se logre, dijo Lima recientemente.

La oposición reclama al gobierno de Luis Arce, heredero político de Evo Morales, que la justicia no es imparcial y que se la usa para realizar persecución política con los que no piensan diferente. Desde el gobierno se ha negado el reclamo.

En Bolivia el 65 % de los privados de libertad, unas 11.000 personas, son presos preventivos sin sentencia.