Adjudicación directa de contratos por COVID en GB fue ilegal

La Corte Suprema de Gran Bretaña falló el miércoles que el gobierno actuó ilegalmente cuando utilizó un llamado carril VIP para la adjudicación directa de contratos millonarios a proveedores de ...

La Corte Suprema de Gran Bretaña falló el miércoles que el gobierno actuó ilegalmente cuando utilizó un llamado carril VIP para la adjudicación directa de contratos millonarios a proveedores de equipos de protección personal durante la primera ola del coronavirus en 2020.

Dos grupos entablaron la acción legal contra el Departamento de Salud y Atención Social, alegando que el uso del carril de alta prioridad, reservado para los referidos de legisladores y altos funcionarios, les dio una ventaja injusta a algunos proveedores gracias a quien conocían, no a lo que podrían entregar.

Los contratos incluyeron uno por valor de más de 340 millones de libras (464 millones de dólares) para la empresa de control de plagas PestFix y otro por valor de unos 252 millones de libras (344 millones de dólares) para el fondo especulativo Ayanda Capital.

El miércoles, la jueza Finola O™Farrell dijo que dar a las dos empresas un trato preferencial mediante el carril VIP era ilegal. Quedó claro que las ofertas que se presentaron a través de los referentes sénior recibieron una consideración previa al comienzo del proceso, agregó, aunque el carril VIP no brindó ninguna ventaja en la etapa de toma de decisiones.

No obstante, la jueza añadió que incluso si las empresas no hubieran sido asignadas al carril VIP, sus ofertas habrían sido priorizadas de todos modos, debido a los grandes volúmenes de equipos de protección que podían suministrar.

Los suministros de equipos de protección personal, como mascarillas y delantales, se vieron fuertemente limitados en Gran Bretaña y otros lugares durante la primavera de 2020 debido a un aumento sin precedentes en la demanda y las interrupciones en las cadenas de suministro debido a la pandemia.

Nunca más un gobierno debería tratar una crisis de salud pública como una oportunidad para enriquecer a sus asociados y donantes a expensas públicas, dijo Jo Maugham, director de Good Law Project, uno de los dos grupos que presentaron la demanda.