California busca emular ley de Texas contra armas de asalto

El gobernador de California, Gavin Newsom, prometió el sábado dar el poder a los ciudadanos para aplicar un veto a la fabricación y venta de armas de asalto en el estado, señalando a la autoridad ...

El gobernador de California, Gavin Newsom, prometió el sábado dar el poder a los ciudadanos para aplicar un veto a la fabricación y venta de armas de asalto en el estado, señalando a la autoridad similar que reclaman los legisladores conservadores en Texas para ilegalizar la mayoría de los abortos una vez se detecta latido.

Hace décadas que California prohibió la manufactura y venta de muchas armas similares a las de asalto. Un juez federal revocó esa norma en junio por considerarla inconstitucional, e indignó a los líderes demócratas del estado al comparar el popular fusil AR-15 con una navaja suiza buena tanto para el hogar como para la batalla. La norma de California se mantuvo en vigencia hasta resolver la apelación del estado.

Por su parte, los legisladores republicanos aprobaron este año una ley que prohíbe el aborto una vez se ha detectado el latido, algo que suele ocurrir en torno a las seis semanas de embarazo. La norma permite a los ciudadanos particulares vigilar el cumplimiento de la ley y les da poderes para demandar a clínicas de aborto o a cualquiera que asista y sea cómplice en la intervención.

La Corte Suprema de Estados Unidos permitió el viernes que la ley de Texas se mantenga vigente mientras las clínicas que practican abortos demandan para bloquearla. Esa decisión enojó a Newsom, un demócrata que defiende el derecho al aborto.

Si ahora los estados pueden proteger sus leyes de la revisión de las cortes federales que comparan las armas de asalto con navajas suizas, entonces California utilizará esa autoridad para proteger las vidas de las personas, mientras que Texas la utilizó para poner a las mujeres en una posición vulnerable, dijo Newsom en un comunicado publicado por su oficina a las 19:00 del sábado.

Newsom dijo haber dado instrucciones a su personal para que trabaje con la legislatura del estado y su secretario de Justicia, que es demócrata, para aprobar una ley que permita demandas de ciudadanos particulares para hacer cumplir el veto de California a las armas de asalto.

Los demandantes podrían ganar hasta 10.000 dólares por infracción, además de otros costes y gastos legales de su proceso contra cualquiera que fabrique, distribuya o venda un arma de asalto en California, dijo Newsom.

Si la forma más eficiente de mantener estas armas devastadoras fuera de nuestras calles es añadir la amenaza de demandas privadas, eso es precisamente lo que debemos hacer, dijo Newsom.

La batalla legal en torno a la ley contra el aborto en Texas se ha centrado en su inusual estructura y si limita de forma inadecuada cómo impugnar el texto ante los tribunales. Los legisladores de Texas delegaron la responsabilidad de hacer cumplir la ley en los ciudadanos en lugar de en las autoridades del estado.

El caso planteó una serie de complejas cuestiones técnicas sobre quién puede denunciar una ley ante una corte federal, la vía acostumbrada para apelar las restricciones al aborto.

La propuesta de Newsom tendría que aprobarse primero en la cámara estatal de California antes de convertirse en ley. La legislatura, que está en un receso, tiene previsto reunirse de nuevo en enero. Salvo en circunstancias especiales, aprobar nuevas propuestas de ley lleva unos ocho meses.

Algunos grupos que defienden el derecho a portar armas habían señalado que los estados progresistas intentarían utilizar la ley contra el aborto en Texas para restringir el acceso a las armas. La Firearms Policy Coalition, un grupo sin fines de lucro que defiende la libertad de armas, presentó un documento ante la Corte Suprema de Estados Unidos oponiéndose a la ley de Texas.

Si Texas tiene éxito en su apuesta, Nueva York, California, Nueva Jersey y otros no tardarán en adoptar estrategias igualmente agresivas para no sólo frenar, sino paralizar el derecho a tener y portar armas, escribió el abogado Erik Jaffe en representación de la Firearms Policy Coalition.