UE limitará propaganda política y el uso de datos personales

Preocupada por el uso indebido de la propaganda política para socavar elecciones, la Unión Europea presentó el jueves sus planes para ayudar a que la gente comprenda mejor cuándo está viendo esa ...

Preocupada por el uso indebido de la propaganda política para socavar elecciones, la Unión Europea presentó el jueves sus planes para ayudar a que la gente comprenda mejor cuándo está viendo esa clase de avisos y quién es responsable de su contenido.

Las propuestas, que pretenden asegurar elecciones o referendos justos y transparentes, también prohibirían las técnicas de amplificación y personalización política utilizadas para llegar a una audiencia más amplia si emplean datos personales sensibles como origen étnico, creencias religiosas u orientación sexual sin permiso del ciudadano.

La gente debe saber por qué está viendo un anuncio, quién pagó por él, cuánto, qué criterios de personalización se utilizaron. Las nuevas tecnologías deben ser herramientas de emancipación, no de manipulación, dijo la vicepresidenta de la Comisión Europea Vera Jourova.

La comisión, la rama ejecutiva de la UE, confía en que los 27 estados miembros y el Parlamento Europeo hayan debatido e incorporado las propuestas en sus leyes nacionales para 2023, a tiempo para las elecciones europeas del año siguiente.

Partidos políticos, organizaciones y empresas enfrentarían multas si incumplen las normas.

Según el plan, los avisos políticos tendrían que ir identificados con claridad y mostrar de forma destacada el nombre de quien los paga, con un aviso de transparencia que explique cuánto costó el anuncio y de dónde proceden los fondos para pagarlo. El material tendría que tener un enlace directo a la votación en cuestión.

También debe haber información disponible sobre por qué se muestra un determinado aviso a una persona o grupo de personas y qué herramientas de amplificación se utilizan para ayudar al pagador a llegar a una audiencia más amplia. Si no se cumplen esos criterios, los avisos se prohibirían.

Las autoridades de protección de datos vigilarían el cumplimiento de las normas en cada país de la UE. Las autoridades nacionales estarían obligadas a imponer multas efectivas, proporcionadas y disuasorias cuando se incumplan las normas.