Orden mordaza en Myanmar restringe testimonio de Suu Kyi

La líder destituida de Myanmar, Aung San Suu Kyi, testificó el martes por primera vez ante el tribunal en uno de los varios casos que se le imputan, pero no se pudieron conocer los detalles de lo qu...

La líder destituida de Myanmar, Aung San Suu Kyi, testificó el martes por primera vez ante el tribunal en uno de los varios casos que se le imputan, pero no se pudieron conocer los detalles de lo que dijo debido a la orden mordaza impuesta a sus abogados.

Desde la semana pasada, todos los abogados defensores de los casos de Suu Kyi tienen prohibido proporcionar detalles de los procedimientos judiciales.

Esta medida se adoptó en virtud del artículo 144 del Código de Procedimiento Penal, un estatuto de amplio espectro de la época colonial británica destinado a hacer frente a situaciones de emergencia que amenazan la seguridad pública. No ha habido indicios de disturbios relacionados con alguno de sus juicios.

Hasta ahora, los únicos testimonios de los procesos habían sido los de los abogados que defienden a la exlíder y a sus coacusados. Las sesiones del tribunal están cerradas a los periodistas y al público; los fiscales no hacen comentarios sobre ellas y los medios de comunicación, controlados por el Estado, no informan al respecto.

El mayor general Zaw Min Tun, portavoz de la junta militar que controla el país, declaró a principios de este mes, tras la orden de silencio impuesta al principal abogado de Suu Kyi, que ésta se debía a que había incitado a los medios de comunicación locales y extranjeros a difundir información falsa que podría desestabilizar el país.

Una persona familiarizada con el proceso judicial confirmó que Suu Kyi testificó el martes en la sesión especial del tribunal en la capital, Naypyitaw, pero no pudo dar más detalles. La fuente pidió no ser identificada por temor a acciones legales o acoso.

El tribunal ha escuchado testimonios relacionados con el cargo de incitación, que a veces se denomina sedición. El delito se define como la difusión de información falsa o incendiaria que pueda alterar el orden público y se castiga con hasta tres años de prisión.