Perú: nativos protestan por títulos y avance de narcotráfico

Más de 50 jefes indígenas de la Amazonía de Perú protestaron el miércoles por el intento del gobierno de cerrar un préstamo internacional para otorgar títulos de propiedad y frenar el avance de...

Más de 50 jefes indígenas de la Amazonía de Perú protestaron el miércoles por el intento del gobierno de cerrar un préstamo internacional para otorgar títulos de propiedad y frenar el avance de actividades ilegales que han provocado asesinatos de líderes nativos.

El Estado unilateralmente ha cerrado este proyecto sin explicación, sin información hacia los pueblos indígenas y ese es el motivo por el que los pueblos indígenas estamos reclamando, dijo a The Associated Press Jamer López, un líder comunitario de la etnia shipiba, quien junto a otros jefes nativos protestaban frente al Ministerio de Justicia.

Los indígenas llegaron de remotas zonas de la Amazonía luego de que sus demandas no fueron escuchadas. Varios indicaron que tuvieron que navegar en canoas y luego tomar autobuses para llegar a la capital peruana e intentar conversar con las autoridades.

Los indígenas aseguran que en una reciente reunión con funcionarios del Ministerio de Agricultura del gobierno del presidente Pedro Castillo se les indicó que el proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se iba a liquidar porque se haría únicamente con dinero público.

En 2009, el BID aprobó un préstamo a Perú de 40 millones de dólares para lograr la titulación de 403 comunidades de la Amazonía, pero al momento sólo se logró otorgar títulos de propiedad a seis comunidades. El gobierno ha prometido continuar la titulación, pero usando dinero estatal. Los indígenas se oponen porque implicará casi tres años más de espera.

La mayor organización de pueblos indígenas de la Amazonía de Perú, AIDESEP, ha señalado en diversos comunicados en los últimos años que el dinero del préstamo internacional ha sido usado en pago de trabajadores estatales y consultorías privadas.

Necesitamos solución urgente, no queremos que demoren más las cosas porque mientras los funcionarios en Lima están seguros, nosotros estamos con miedo, dijo Hicler Rodríguez de la comunidad shipiba Flor de Ucayali, cuyos suelos están invadidos por taladores y narcotraficantes.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, una importante organización de Perú, reportó que desde 2013 unos 17 defensores de los bosques han sido asesinados por el narcotráfico y la tala ilegal de madera. La violencia se incrementó durante la pandemia y entre 2020 y 2021 ha habido nueve asesinatos.

Los expertos afirman que existe falta de voluntad política para otorgar títulos de propiedad a los indígenas, lo que les permitiría gestionar mejor sus tierras ancestrales, protegerlas de los invasores y mejorar su calidad de vida.

De acuerdo con el Instituto del Bien Común, que trabaja con comunidades rurales, hay unas 3.303 comunidades campesinas sin títulos y en el área amazónica 666 comunidades nativas pendientes de titular. También existen otras 918 comunidades ribereñas sin reconocimiento ni titulación.

Sentimos la discriminación sistemática de los gobiernos... como no nos escuchan tenemos que venir de lejos. Representamos a esos ciudadanos que no tienen oportunidades, añadió el líder indígena López. Dijo que hay un alto número de líderes amenazados por los cocaleros y narcotraficantes que no reciben protección del Estado central ni de los gobiernos regionales.

Según denuncias de los indígenas, los invasores de tierras las usan para sembrar hoja de coca, armar laboratorios rudimentarios de procesamiento de drogas y construir pistas clandestinas para avionetas. La policía dice que las naves salen rumbo a Bolivia y Brasil.

Los especialistas sostienen también que la tala ilegal de madera, el narcotráfico y la minería ilegal son delitos ligados en la Amazonía, al igual que en otras zonas selváticas de América Latina.

Perú es el segundo productor de cocaína en el mundo y el segundo cultivador global de hoja de coca, de acuerdo con datos de la agencia antidrogas estadounidense DEA y Naciones Unidas.