Argentina debate cambio de paradigma en política social

durante períodos de recesión económica con inflación.

durante períodos de recesión económica con inflación.

Los primeros planes sociales se otorgaron durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999) a desocupados sin seguro de desempleo.

Tras la crisis de principios de este siglo crecieron exponencialmente. En 2009 la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta, creó la Asignación Universal por Hijo (AUH) que cobran familias sin empleo o precarizados.

Con la pandemia de coronavirus, que elevó la pobreza a 42% y el desempleo hasta 10%, el presidente Fernández reforzó la política asistencial con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), aumentos de transferencias a titulares de la asignación universal por hijo y la entrega de la Tarjeta Alimentar para compra de alimentos.

Los planes antes mencionados se aplican a nivel nacional, pero también las provincias tienen programas de ayuda.

Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), el 40% de la población argentina es beneficiaria de un plan social.

En el último tiempo la política social basada en planes perdió consenso en amplios sectores de la población. Muchos beneficiarios se quejan porque los montos no alcanzan para cubrir los gastos básicos mensuales con una inflación acumulada de 50% y reclaman la creación de empleo genuino. También hay críticas por la opacidad con la que se otorgan los beneficios y su uso como herramienta de clientelismo político.

El debate se recalentó tras la derrota del oficialismo en las primarias del 12 de septiembre que definieron a los candidatos para las elecciones legislativas del 14 de noviembre. El peronismo podría perder el control de la cámara alta y la mayoría simple en la cámara baja, lo que lo obligaría a negociar su agenda con la oposición en sus dos últimos años de mandato.

El proyecto Un puente al empleo, elaborado por el presidente de la Cámara de Diputados, el peronista Sergio Massa, establece que los titulares de programas sociales que accedan a un empleo formal podrán seguir percibiendo los beneficios y prestaciones que otorgan dichos programas por un plazo máximo de hasta 12 meses.

A su vez los empleadores que contraten a beneficiarios de planes sociales serán premiados con una reducción de las contribuciones patronales durante dos años.