El Salvador: renuncia juez a cargo de masacre de El Mozote

o que los traslade para que su trabajo cambie de sede.

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Las reformas, aprobadas con los votos del partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, que controla por completo al Congreso Unicameral, fueron criticadas por diputados opositores. Más tarde recibió el rechazo de jueces, gremiales de abogados y organizaciones de la sociedad civil.

A pesar de todo, no se ha dado marcha atrás y el miércoles la Corte Suprema pidió a los jueces y magistrados afectados por la medida que renuncien voluntariamente para poder gozar de una bonificación. De lo contrario, quedarán cesados de pleno derecho.

En marzo de 2016, 36 años después de una de las más grandes matanza cometidas en América Latina, luego de que la Corte Suprema de Justicia derogara la Ley de Amnistía que impidió que los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra (1980-1992) fueran investigados, el juez Guzmán Urquilla reabrió el caso de El Mozote y ordenó a los altos mandos de la fuerza armada de El Salvador durante la guerra civil que se presentarán al tribunal para responder por lo ocurrido.

No cabe duda de que las víctimas, quienes son el centro del proceso El Mozote y sitios aledaños, verán como tantas veces dilatado su peregrinar a la justicia, sin embargo, se trata de una lucha tan importante como su caso: el respeto absoluto e inexplicable a la Constitución del país. Si no se respeta la Constitución, no hay nada más que respetar, dijo el juez.

La masacre se registró entre el 11 y 13 de diciembre de 1981 en El Mozote y lugares aledaños, a unos 120 kilómetros al este de la capital salvadoreña, durante una operación del ahora extinto batallón, entrenado en tácticas de contrainsurgencia en Estados Unidos. Los soldados entraron a la zona Atlácatl en busca de guerrilleros, pero mataron a casi un millar de campesinos, en su mayoría mujeres, ancianos y niños.

Un informe de la Comisión e la Verdad de las Naciones Unidas de 1993 responsabilizó de la matanza al coronel Domingo Monterrosa, al coronel Arman do Admitía y a otros seis oficiales que no fueron juzgados por la vigencia de la Ley General de Amnistía promovida por el entonces presidente Alfredo Cristiani (1989-1994).

Nadie ha sido condenado por el proceso, pero el juez Guzmán Urquilla está procesando a un grupo de militares retirados que en su momento ocuparon puestos de dirección durante la guerra civil que concluyó con los acuerdos de paz en 1992.