Consejo Electoral de Nicaragua saca del juego a oposición

El Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua sacó del juego político al opositor partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), tras retirarle el viernes su personalidad jurídica por supuestas violac...

El Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua sacó del juego político al opositor partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), tras retirarle el viernes su personalidad jurídica por supuestas violaciones a las leyes vigentes.

En una resolución firmada por los magistrados del CSE, en su mayoría afines al gobernante Frente Sandinista, el tribunal aceptó una petición del también opositor y colaboracionista Partido Liberal Constitucionalista (PLC) para que le fuera suspendida su licencia legal.

Según María Haydeé Osuna, representante del PLC, CxL cometió constantes violaciones a la Ley Electoral debido a que incumplió obligaciones y a que su presidenta, Kitty Monterrey, tiene doble nacionalidad (estadounidense-nicaragí¼ense).

Tras la exclusión de CxL de la campaña electoral, quedan en el juego político cinco agrupaciones minoritarias para competir con el gobernante Frente Sandinista, que apuesta a la tercera reelección de Ortega y la primera de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

La oposición asegura que Ortega y Murillo buscan perpetuarse en el poder.

El CSE también anuló la nacionalidad nicaragí¼ense a Carmella María Rogers Amburn, conocida como Kitty Monterrey, porque tramitó su cédula de identidad de manera anómala y fraudulenta y utilizó procedimientos irregulares, indicó la resolución leída ante medios oficiales por Luis Luna, secretario de actuaciones del CSE.

En el caso de CxL, el tribunal dispuso cancelarle la personalidad jurídica porque el partido tuvo comportamientos fuera de las condiciones y regulaciones técnicas legales y en flagrante violación a la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación o Ley 1055, en base a la cual se ha arrestado a una treintena de líderes y activistas opositores en los últimos dos meses,

Entre los 31 detenidos figuran siete aspirantes a la Presidencia de Nicaragua, dos ex vicecancilleres, dos líderes estudiantes, dos empresarios, dos exguerrilleros sandinistas, un periodista y cuatro dirigentes políticas opositoras al gobierno del presidente Daniel Ortega.

El partido CxL había inscrito el pasado lunes a su fórmula presidencial, integrada por el excomandante de la contra Oscar Sobalvarro, y la modelo de 27 años Berenice Quezada, quien 24 horas después fue inhabilitada como candidata a vicepresidenta y sometida a una investigación penal por supuestos delitos contra el Estado. Aunque inicialmente CxL denunció su arresto domiciliario, el Ministerio Público anunció que Quezada será procesada en libertad.

Además del PLC, segunda fuerza parlamentaria que en los últimos años ha apoyado leyes impulsadas por los sandinistas, fueron acreditados por el CSE los siguientes: Alianza por la República (APRE), Partido Liberal Independiente (PLI), el Partido Alianza Liberal Nicaragí¼ense (ALN), Partido Camino Cristiano Nicaragí¼ense (CCN) y el regional Partido Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka (Yatama, Hijos de la madre tierra en lengua miskita).

En las tres últimas elecciones generales, el caudal de votos obtenido entre todos estos partidos no superó el 15%.

Previo a la inscripción de candidaturas y también antes del arresto de los aspirantes opositores, el CSE había anulado la personalidad jurídica de otras dos fuerzas opositoras: el Partido Conservador (PC) y el Partido Restauración Democrática (PDR), que había ofrecido su casilla a la opositores a Ortega aglutinados en la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y en la Coalición Nacional, fuerzas a las que CxL rechazó aliarse en un solo frente unitario electoral.

Ortega, de 75 años, fue presidente por primera vez de 1985 a 1990, volvió al gobierno por la vía electoral en 2007 y se reeligió en 2011 y 2016.

Nicaragua celebrará elecciones en medio de una grave crisis que inició en 2018 tras protestas sociales que fueron sofocadas con violencia por la policía, con un saldo de 328 muertos, más de 2.000 heridos, 1.600 detenidos en distintos momentos y más de 100.000 emigrados y exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).