Tucson ignorará ley "santuario" de armas de fuego de Arizona

Funcionarios en la ciudad de Tucson planean ignorar una nueva ley santuario de armas de fuego de Arizona que impide a los gobiernos estatal y locales seguir ciertas regulaciones federales en la materi...

Funcionarios en la ciudad de Tucson planean ignorar una nueva ley santuario de armas de fuego de Arizona que impide a los gobiernos estatal y locales seguir ciertas regulaciones federales en la materia, probablemente abriendo camino para una disputa en las cortes, en momentos en que varias ciudades y condados en Estados Unidos se declararon refugios para la tenencia de armas.

La decisión de la alcaldesa Regina Romero y del concejo municipal enfrenta de nuevo a Tucson con la legislatura dominada por los republicanos sobre cómo regular la venta y el uso de armas de fuego.

Durante mucho tiempo, la ciudad en el sur de Arizona ha tratado de implementar regulaciones de armas más estrictas que el resto del estado, incluyendo revisiones obligatorias de antecedentes para compras de armas en propiedades municipales y destruyendo las armas de fuego confiscadas. Pero luego la legislatura promulgó leyes que prohíben dichas acciones.

En abril, el gobernador Doug Ducey firmó una ley que declaró a Arizona santuario de la Segunda Enmienda de la Constitución, que garantiza el derecho a poseer armas de fuego. Fue promulgada en parte en respuesta a la elección del presidente Joe Biden, que ha prometido regulaciones federales de armas más estrictas.

Un movimiento creciente de al menos 1.200 gobiernos locales en Estados Unidos se han declarado santuarios de las leyes federales y estatales de armas de fuego desde 2018, cuando una serie de tiroteos masivos generó llamados a más regulaciones. Muchas de esas medidas son simbólicas, pero algunas tienen alguna fuerza legal.

Aparte de Arizona, un puñado de legislaturas, incluyendo en Kentucky, Tennessee y Wisconsin, adoptaron la idea este año cuando Biden asumió la presidencia. En su campaña, Biden prometió que promulgaría las revisiones universales de antecedentes y una prohibición de las armas de asalto, entre otras medidas.