EEUU: Jurado debate salario mínimo para migrantes detenidos

no están en una relación de empleador y empleado, sino en una relación de custodio y detenido, escribió el panel.

no están en una relación de empleador y empleado, sino en una relación de custodio y detenido, escribió el panel.

Esa es la base del argumento de GEO en el caso en Washington. La compañía reconoce que tiene dinero para pagarles el salario mínimo a los detenidos si quisiera hacerlo. En 2018, GEO ganó 18,6 millones de dólares de su instalación; le hubiera costado 3,4 millones pagarles el salario mínimo a sus detenidos.

Mell también destacó las cláusulas en el contrato de GEO con el ICE que afirman que cualquier empleado que contrate GEO debe tener estatus legal para trabajar en Estados Unidos, y estos presos no lo tienen. El contrato es claro: Los detenidos no son empleados, dijo Mell. No pueden serlo.

Pero la definición de empleado en la ley de salarios mínimos de Washington es sumamente ambigua: incluye a cualquiera al que un empleador le permita trabajar, sin importar su estatus migratorio o legal para realizar labores. La ley afirma que los residentes de un centro de detención estatal, del condado o municipal no tienen derecho al salario mínimo.

Según los abogados del estado y de los detenidos, dicha excepción no incluye a las cárceles privadas con fines de lucro como la de GEO. Además, GEO supervisó los turnos y el desempeño del trabajo tal como lo haría cualquier empleador, aseguraron.

En caso de que el jurado decida que la ley de salarios mínimos aplica para GEO, se llevará a cabo una segunda fase del juicio para determinar una indemnización. El jurado no llegó a un veredicto el martes; y reanudará su deliberación el miércoles.

En un caso separado, Washington pretende cerrar el centro de detención en su totalidad. Hace unos meses, el gobernador Jay Inslee promulgó una ley que prohíbe la presencia de centros de detención con fines de lucro en la entidad. GEO ha presentado una demanda para bloquear dicha ley.