Guatemala: juez da prisión a militar por delitos de guerra

El juez Miguel íngel Gálvez ordenó que otro militar fuera detenido el martes por delitos de lesa humanidad cometidos durante la guerra en Guatemala. Con él suman 12 militares y policías retirad...

El juez Miguel íngel Gálvez ordenó que otro militar fuera detenido el martes por delitos de lesa humanidad cometidos durante la guerra en Guatemala. Con él suman 12 militares y policías retirados detenidos por los crímenes.

Jacobo Salán Sánchez, un militar retirado y previamente condenado a cinco años de prisión que ya cumplió por corrupción, fue detenido en la sala de vista del juzgado que dirige Gálvez cuando se presentó a la audiencia de primera declaración de los 11 previamente detenidos. Salán Sánchez tenía una orden de aprehensión en su contra, pero la fiscalía y policía no lo localizaron hace seis días, cuando lo buscaron en su vivienda. Además del militar hay por lo menos cinco acusados aún prófugos de la justicia.

Galvez fijó para el miércoles la continuación de la audiencia y explicó que a partir de entonces se conocerán más en detalle las acusaciones.

El jueves pasado la fiscalía detuvo a jueves a 11 personas, entre policías y militares en retiro, acusados de desapariciones forzadas, torturas, violaciones y asesinatos cometidos durante la guerra civil en Guatemala (1960-1996). Los abusos están registrados en un documento policial llamado El Diario Militar.

Entre los detenidos están los militares en retiro general Marco Antonio González Taracena, vicepresidente de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA), y Víctor Augusto Vásquez Echeverría, excomandante de Zona Militar de Quiché.

También están cautivos los expolicías Enrique Cifuentes de la Cruz, José Daniel Monterroso Villagrán, Edgar de León Sigí¼enza, Gustavo Adolfo Oliva Blanco, Juan Francisco Cifuentes Cano, Edgar Corado Samayoa, Eliseo Barrios Soto, Mavilo Aurielo Castañeda Bethancourt y Rone René Lara.

El 20 de mayo de 1999 se hizo público un documento policial filtrado a defensores de derechos humanos conocido como El Diario Militar, que detallaba el asesinato, tortura y desaparición forzada de más de 190 personas a mano de las fuerzas de seguridad civiles y militares guatemaltecas en 1984.

El documento de 74 páginas registra fotografías, ubicaciones, allanamientos, capturas, torturas y muerte de supuestos militantes guerrilleros, personas organizadas en asociaciones o sindicatos que fueron detenidas, desaparecidas o asesinadas por fuerzas de seguridad civiles y militares o que tras ser liberadas fueron forzadas a trabajar con sus captores.

El informe, escrito a máquina, da cuenta de casi 100 personas asesinadas. Otras fueron entregadas a zonas militares, otros sobrevivieron, pero de un grupo no se supo nunca más. Estaba escrito con códigos que fueron descifrados, como el número 300 que aparece escrito en 99 casos y significa 99 personas asesinadas.

Uno de los casos refiere al registro de Prudencio de Jesús Carrera Camey, quien estuvo detenido 15 días y luego fue asesinado. En el registro no aparece una fotografía suya, pero se asegura que era miembro de la guerrilla. Tenía sólo 15 años.

En 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado de Guatemala responsable de la desaparición forzada de 26 personas de El Diario Militar, así como de la violación de sus derechos a la libertad personal, a la integridad y a la vida, mientras que en el país centroamericano nadie ha sido juzgado por esos crímenes.

El Diario Militar muestra los nexos entre las fuerzas de seguridad civiles y militares. Un ejemplo es la detención de Amancio Samuel Villatoro, profesional y presunto miembro de la guerrilla, que según el reporte fue detenido en la capital guatemalteca y tras años desaparecido sus restos fueron localizados en un antiguo destacamento militar.