Grupo empresarial busca mantener centro de migrantes en EEUU

La empresa privada de gestión de prisiones GEO Group demandó al estado de Washington por una nueva ley que ordena el cierre de un centro de detención de inmigrantes que opera en Tacoma y que, segú...

La empresa privada de gestión de prisiones GEO Group demandó al estado de Washington por una nueva ley que ordena el cierre de un centro de detención de inmigrantes que opera en Tacoma y que, según la compañía, subvertiría de forma inconstitucional la autoridad federal.

La ley, promulgada por la legislatura estatal en marzo, interfiere con un contrato entre GEO y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), según la demanda presentada el mes pasado por el grupo ante el tribunal de distrito de Estados Unidos de Washington Occidental, reportó el diario The Seattle Times.

Según el documento, la ley trata de socavar también los mecanismos federales de control.

Este intento transparente del estado de frenar los esfuerzos de detención del gobierno federal dentro de las fronteras de Washington es un ataque directo a la supremacía de la ley federal y no puede tolerarse", afirma la demanda.

GEO busca un suspensión preliminar y alega que la ley estatal obligaría al centro a cerrar en septiembre, mucho antes de lo esperado.

La pelea por el Centro de Procesamiento Noroeste del ICE, que cuenta con 1.575 camas y es una de las cárceles migratorias de gestión privada más grandes del país, sigue a años de críticas de activistas y defensores de los derechos humanos que afirman que las personas allí retenidas no reciben la comida ni la atención médica adecuada y pasan, en promedio, mucho más tiempo en aislamiento que en otros centros similares.

El fiscal general del estado, Bob Ferguson, también demandó a GEO por la presunta violación de las leyes de salario mínimo al pagar a los detenidos un dólar diario por trabajar allí. Está previsto que ese juicio comience el 1 de junio.

Los abogados del grupo no respondieron a las llamadas telefónicas del periódico pidiendo comentarios.

En un comunicado, Ferguson afirmó que respalda la nueva ley y que la defenderá.

La norma, que prohíbe la mayoría de los centros de detención privados pero en la práctica afecta solo al de Tacoma, permite que los contratos en vigor se cumplan.