Investigan muerte de colombiana que denunció abuso policial

La Fiscalía colombiana abrió el viernes una investigación con enfoque de género por la muerte de una menor de 17 años, quien un día antes denunció un presunto abuso sexual de la policía cuando...

La Fiscalía colombiana abrió el viernes una investigación con enfoque de género por la muerte de una menor de 17 años, quien un día antes denunció un presunto abuso sexual de la policía cuando fue retenida durante las protestas contra las políticas del gobierno en Popayán, al suroeste del país.

Colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos señalaron que se trató de un suicidio y denunciaron el presunto caso de violencia sexual, así como agresiones físicas y verbales contra la menor en la noche del 12 de mayo. La policía ha negado las acusaciones y aún no se conoce el dictamen forense de Medicina Legal sobre las causas de la muerte.

La denuncia de este abuso de autoridad fue pública al quedar registrado en los en vivo de Facebook de medios de comunicación alternos y por la propia víctima después de que quedara en libertad en su cuenta personal de la red social, dice el comunicado difundido el 13 de mayo y firmado por el colectivo de mujeres Trascendiendo por la Paz y la Corporación Justicia y Dignidad, entre otros.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, pidió a Medicina Legal inmediatez y exactitud para esclarecer la situación.

De acuerdo con la alcaldía de Popayán, la menor fue retenida por los policías, sin que hasta el momento se conozca la causa de la decisión, y luego trasladada a una Unidad de Reacción Inmediata (URI), a cargo de la Fiscalía, a las 9 de la noche. Estuvo acompañada de funcionarios de Infancia y Adolescencia de la Policía y antes de las 11:00 p.m. fue entregada a su abuela, de acuerdo a la minuta de ingreso y salida de la URI, indicó la alcaldía el jueves en un comunicado en el que también expresó su solidaridad con la familia.

La policía ha negado las acusaciones en su contra. El brigadier general Ricardo Augusto Alarcón se pronunció oficialmente el jueves y calificó la denuncia como una noticia falsa, vil y ruin y aseguró que la menor nunca pisó instalaciones policiales y fue entregada en óptimas condiciones a la abuela materna a las 22:51 horas.

Lizeth Montero, defensora de derechos humanos y abogada, aseguró a medios locales que existe material probatorio sobre la violencia a la que habría sido sometida la menor, que incluye testigos, y será aportado en la investigación. Lo que señalan sus familiares es que sienten que ese nivel de afectación al que ella llegó, a partir de lo que sucede, sea probablemente el detonante de la decisión que ella toma. Puede convertirse en una teoría del caso que busque establecer un nexo causal¦ Debe separarse el hecho objetivo en el que sucede una agresión a la que se somete una menor de edad, dijo Montero a la W Radio el viernes.

La Procuraduría, que tiene funciones disciplinarias y no penales, abrió una indagación preliminar contra los policías que estarían implicados y practicará pruebas para establecer la identidad de los presuntos autores de la conducta.

El caso generó nuevas manifestaciones el viernes en varias ciudades del país, especialmente en Bogotá y Popayán, en las que decenas de personas exigían justicia.

Aún no se ha confirmado la violación, pero sí se sabe que la tocaron y hubo abuso de fuerza. Hay una gran indignación, la ciudad está conmocionada, se tomaron las instalaciones de la URI y continúan las protestas en la calle, dijo a The Associated Press la activista de la Red Nacional de Mujeres Francy Jaramillo.

La abogada Montero denunció tres casos más de violencia basada en género en los que estarían involucrados policías antimotines durante la jornada de protestas del 12 de mayo. En una publicación de la Red Alterna Popayán, los describió como ataques sobre su cuerpo con frases grotescas, amenazas de violencia sexual y una manipulación de sus cuerpos.

La organización no gubernamental Temblores, que documenta la violencia policial en el país, ha registrado 16 denuncias de presunta violencia sexual durante las manifestaciones. De acuerdo con los datos oficiales proporcionados por el Ministerio de Defensa, se han abierto 119 investigaciones disciplinarias contra policías, sin indicar si algunas de ellas son por violencia basada en género.

Las protestas en Colombia iniciaron el 28 de abril en contra de una reforma tributaria que propuso el gobierno y que fue retirada días después por la presión ciudadana. Aún así, las marchas no cesaron, en las calles los ciudadanos siguen pidiendo el cese de la violencia policial y el cambio en las políticas del presidente Iván Duque.