Colombia: archivan caso contra polémico exjefe del Ejército

La Procuraduría General de Colombia desestimó y ordenó archivar una indagación disciplinaria en contra del excomandante del Ejército, Nicacio de Jesús Martínez Espinel, que buscaba determinar s...

La Procuraduría General de Colombia desestimó y ordenó archivar una indagación disciplinaria en contra del excomandante del Ejército, Nicacio de Jesús Martínez Espinel, que buscaba determinar si implementó una política que pudiera generar nuevas víctimas de falsos positivos, como fueron conocidas las ejecuciones extrajudiciales en Colombia durante el conflicto armado interno, al ordenar incrementar los resultados operacionales.

La autoridad abrió la investigación en mayo de 2019 tras un reporte del diario The New York Times ese mismo mes en el que señaló que el exmando militar habría ordenado a sus soldados duplicar el número de guerrilleros y criminales a los que matan, capturan u obligan a rendirse en combate.

No existe prueba que demostrase alguna conducta reprochable del hoy retirado mayor general Nicacio de Jesús Martínez, concluyó la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de Colombia, según el auto al que tuvo acceso el viernes The Associated Press. El documento añade que las órdenes impartidas por el militar, no estaban dirigidas a revivir el reprochable y censurable antecedente de los llamados ˜falsos positivos™.

La decisión de archivar el caso fue firmada el 9 de marzo pasado, sin embargo, la Procuraduría informó hasta ayer en un comunicado y en el cual sólo señaló que no existe mérito para continuar investigando. Añadió que la resolución se alcanzó después de escuchar a un grupo de altos mandos que declararon a favor de Martínez y señalaron que él fue enfático en exigir respeto por las normas del Derecho Internacional Humanitario, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la doctrina militar.

Según el documento, la Procuraduría no recibió el testimonio de Martínez Espinel, sino declaraciones juradas de 12 generales del Ejército que estuvieron presentes durante las reuniones realizadas en enero de 2019 -cuando Martínez iniciaba como comandante- en la que impartió órdenes para el desarrollo de operaciones.

La Procuraduría les preguntó en qué consistía la directriz que ordenaba realizar operaciones con un 60% o 70% de credibilidad y exactitud, lo que según dijeron bajo anonimato algunos militares a The New York Times deja suficiente margen de error como para que esa política ya haya ocasionado asesinatos cuestionables, según reportó el diario.

Cuatro de los altos mandos coincidieron en que dicho porcentaje no se refería a actuar sin estar seguros del objetivo, sino a la clasificación de la información de inteligencia durante la planeación de la operación.

La instrucción en cuanto al nivel de porcentaje de inteligencia fue iniciar planeamiento, preposicionar unidades en determinadas áreas donde se tuviese información entre el 60 y 70%, se debía continuar con el planteamiento de las mismas hasta obtener el estado óptimo de inteligencia que permitiera lanzar operaciones, indicó a la Procuraduría el brigadier general Juvenal Díaz Mateus, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército.

También negaron la aplicación de un formulario mencionado por The New York Times, en el que supuestamente se le pedía a cada comandante que se sumaran las presentaciones voluntarias, capturas y muertes en desarrollo de operaciones militares del año anterior y se fijara una meta para el siguiente. El brigadier general Diego Luis Villegas Muñoz le dijo a la Procuraduría que los formatos jamás fueron impuestos por nuestro comandante ni por ningún otro.

La Procuraduría no ha hecho ningún esfuerzo serio por interrogar al general Nicacio Martínez, analizar los documentos militares que dio a conocer el New York Times, o solicitar testimonios confiables de soldados del Ejército, lamentó José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch, y quien ha seguido de cerca el tema de los falsos positivos.

Vivanco dijo a la AP que es lógico pensar que los 12 militares interrogados apoyarán a quien fue su comandante máximo por tratarse de una institución jerárquica.

Además, criticó las conclusiones a las que llegó la comisión de tres expertos que creó el presidente Iván Duque cuando se destapó el escándalo para evaluar la normatividad del Ejército a la luz del Derecho Internacional Humanitario. Solo ha producido un pobrísimo informe preliminar, que ignora pruebas y documentos clave, añadió.

Según la Procuraduría, la comisión de expertos les informó que no encontró evidencia de ninguna disonancia entre la normatividad interna del Ejército con la normatividad Internacional.

Martínez Espinel ha sido cuestionado en otras ocasiones. En mayo de 2019, la AP conoció nuevas pruebas sobre su presunta participación en casos de falsos positivos cuando se desempeñaba como coronel de la 10ª Brigada del Ejército, hace más de una década.

Según los documentos de la fiscalía que obtuvo entonces la AP, Martínez Espinel firmó en 2005 al menos siete documentos de pagos cuestionables a informantes con identificaciones que no correspondían a quienes iban dirigidas. Los investigadores encontraron que uno de los beneficiarios reales de dichos pagos fue el soldado í“scar Alfonso Murgas, condenado por la muerte de un civil.

En febrero de 2019, Human Rights Watch denunció que la Fiscalía abrió investigaciones por 23 ejecuciones perpetradas por soldados de esa brigada en 2005. Sin embargo, Martínez Espinel aseguró en un comunicado que no tenía investigaciones abiertas en su contra en la Fiscalía por esos casos.

El general Nicacio Martínez fue relevado del cargo de comandante del Ejército en noviembre de 2019 alegando motivos familiares.

Actualmente hay otra investigación por parte de la Fiscalía por presuntas escuchas ilegales que militares hicieron a políticos, periodistas y jueces -denunciadas por la Revista Semana- y que la Corte Suprema de Justicia, máxima instancia judicial, calificó como un ataque a la democracia. Martínez Espinel ha negado todas las acusaciones en su contra.

En Colombia, la Procuraduría se encarga de procesos disciplinarios, mientras que la Fiscalía de asuntos penales.