Colombia: Fiscalía no llama a juicio a expresidente Uribe

La Fiscalía de Colombia informó el viernes que no llamará a juicio al expresidente ílvaro Uribe Vélez por el proceso penal en su contra por los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude ...

La Fiscalía de Colombia informó el viernes que no llamará a juicio al expresidente ílvaro Uribe Vélez por el proceso penal en su contra por los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal, por el cual estuvo detenido dos meses en 2020.

El fiscal del caso, Gabriel Ramón Jaimes, solicitó ante un juez la preclusión de la investigación, es decir la terminación anticipada del proceso penal, al encontrar que no hay mérito para acusar a Uribe ante la inexistencia de un delito.

Gracias a Dios por este paso positivo, escribió el expresidente Uribe (2002-2010) en su cuenta de Twitter.

Luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o participe, indicó la Fiscalía en un comunicado.

La Fiscalía no explicó las razones de fondo de su decisión y aseguró que las dará ante un juez en una audiencia programada de la que aún no se conoce la fecha. Dicha justificación de la preclusión podrá ser controvertida tanto por el expresidente Uribe como por las víctimas del caso.

Al final de la audiencia el juez dirá si acepta los términos de la Fiscalía de preclusión y terminará el proceso o los de la víctima y le ordenará a la Fiscalía continuar con la investigación, dijo a The Associated Press Camilo Burbano Cifuentes, abogado especialista en derecho penal y profesor de la Universidad Externado de Colombia. Cualquiera de las dos decisiones tiene recurso de apelación, añadió.

Jaime Granados, abogado defensor del expresidente, celebró la decisión de la Fiscalía y un una entrevista con el medio local Blu Radio aseguró que se trató de un trabajo autónomo e independiente. Por supuesto vemos que se está abriendo camino la verdad y la justicia.

El parlamentario izquierdista Iván Cepeda, víctima en el proceso, no se ha pronunciado. Sin embargo, en los últimos días dijo a medios locales que no confiaba en la imparcialidad de la Fiscalía. El fiscal Gabriel Jaimes ha menospreciado olímpicamente el acervo probatorio recogido por la Corte Suprema de Justicia. Se ha convertido en el defensor de ílvaro Uribe, aseguró.

Este proceso contra Uribe comenzó en 2012 cuando él interpuso una demanda contra Iván Cepeda acusándolo de conseguir testimonios de paramilitares de forma irregular para vincularlo con grupos ilegales.

Pero el proceso dio un giro en 2018 cuando la Corte Suprema de Justicia cerró esa investigación y decidió abrir un proceso formal contra Uribe al tener indicios de que sería él quien habría intentado manipular testigos en contra de Cepeda.

El principal testigo contra Uribe es el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, hijo del mayordomo de la hacienda que fue de propiedad de la familia Uribe, quien aseguró desde la cárcel que allí se creó un grupo paramilitar. Monsalve le dijo a la Corte Suprema que un abogado de Uribe llamado Diego Cadena intentó presionarlo para que cambiara su testimonio contra el expresidente.

La defensa de Uribe negó las acusaciones y explicó que fue Monsalve quien los buscó para retractarse y que en cambio él era manipulado por el senador Cepeda.

La investigación avanzó y el 4 de agosto de 2020 la Corte Suprema de Justicia impuso una medida de aseguramiento a Uribe por los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal. El alto tribunal envió al expresidente a detención domiciliaria que cumplió por 67 días en su hacienda ubicada al noroeste del país.

Dos semanas después Uribe renunció al Senado asegurando que no podría cumplir con sus funciones en el Congreso mientras se defendía del proceso en su contra.

El 1 de septiembre la Corte Suprema de Justicia determinó que la investigación contra Uribe no tenía relación con su cargo como congresista y remitió el proceso a la Fiscalía. Uribe recuperó su libertad pero continuó vinculado al proceso.