Guatemala inicia polémica renovación de Corte Constitucional

El Congreso de Guatemala comenzó el martes a elegir a los nuevos jueces de la Corte de Constitucionalidad, en una jornada observada dentro y fuera del país ante señalamientos de que algunos de los ...

El Congreso de Guatemala comenzó el martes a elegir a los nuevos jueces de la Corte de Constitucionalidad, en una jornada observada dentro y fuera del país ante señalamientos de que algunos de los candidatos podrían echar atrás los avances en la lucha contra la corrupción en el país centroamericano.

En una primera votación, una mayoría de legisladores (101 de 160) reeligió a Dina Ochoa, quien llegó a la Corte impulsada por el expresidente Jimmy Morales, y cuya permanencia había sido criticada por varios por haber apoyado decisiones polémicas como proteger a un juez prófugo acusado de corrupción o que se expulsara del país a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo respaldado por la ONU que fue considerado un ejemplo del combate a diversos crímenes relacionados con el poder.

Ochoa fue también apoyó la política migratoria de Donald Trump, cuando se instaló el Acuerdo de cooperación para Asilos, conocido como Tercer País Seguro, para deportar a Guatemala a migrantes de otros países. El plan fue impugnado en la Corte de Constitucionalidad y ella se ofreció mediar para que el acuerdo fuera avalado. Fue declarada electa por cinco años más.

La Corte de Constitucionalidad (CC) en Guatemala es la máxima autoridad en justicia y decide la suerte legal y constitucional de casi todos los temas políticos, judiciales, penales del país.

Entre los casos que podrían verse afectados están las investigaciones contra el expresidente preso Otto Pérez Molina, de militares condenados por delitos de lesa humanidad, o la participación electoral de Zury Ríos, la hija del exdictador Efraín Ríos Montt, algo que prohíbe la Constitución.

La Corte está integrada por cinco magistrados titulares y cinco suplentes.

La elección de titulares y suplentes ocurre en varias instituciones: dos por el Colegio de Abogados, dos por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y dos más por el Congreso; otros dos son designados directamente por el presidente y un par más por la Corte Suprema.

El proceso de renovación de la Corte han sido criticado por activistas y abogados que ven manipulación, tráfico de influencias y otras irregularidades.

Elvyn Díaz, abogado del Instituto de Ciencias Penales dice que hay varias razones para querer cooptar a la Corte. Tras el paso de la CICIG en el país y los casos de corrupción llevados ante la justicia, dijo, algunos grupos buscan mantener la impunidad y por el modelo jurídico de nuestro sistema todo puede ser revisable en una instancia como la CC.

La CICIG terminó su mandato el 3 de septiembre de 2019, luego de que el entonces presidente Jimmy Morales se negara a renovar su mandato tras una serie de choques y críticas a la institución que, entre otras cosas, le abrió una investigación y a algunos miembros de su familia.

Díaz consideró que la CC también ha jugado un papel elemental como órgano de control del poder político. No quieren tener una corte que les limite actos arbitrarios y cuestionados en el ejercicio del poder, dijo, en referencia a grupos de interés que no desean una Corte autonóma.

El tema de la renovación en el máximo tribunal guatemalteco llegó hasta el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que desde hace algunas semanas ha urgido públicamente por una integración con candidatos idóneos.

El martes, Julie Chung, asistente del Secretario del Departamento de Estado, señaló en su cuenta de Twitter que la lucha contra la corrupción en Guatemala requiere candidatos a la Corte de Constitucionalidad que demuestren integridad e imparcialidad, y que estén libres de influencias externas o cargos penales irresueltos.

Otro de los que se ha pronunciado a favor de una CC independiente es Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala, que ha llevado a la justicia a más de 600 personas entre políticos, jueces, empresarios y particulares por corrupción y otros delitos.

El ideal del juez es alguien con ajenidad, neutralidad y desinterés de los asuntos que conocen, dijo.