Bachelet insta a detener violaciones a los DDHH en Nicaragua

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó al gobierno de Nicaragua a poner fin a las detenciones arbitrarias y las restricciones a la libertad en ...

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó al gobierno de Nicaragua a poner fin a las detenciones arbitrarias y las restricciones a la libertad en un informe presentado el jueves ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

Según el documento la crisis que persiste en el país centroamericano desde las protestas sociales de 2018 sigue enraizada en la fragilidad de las instituciones y del Estado de derecho que se han erosionado progresivamente a lo largo de los años.

El gobierno del presidente Daniel Ortega no ha reconocido la responsabilidad del Estado por las múltiples violaciones de derechos humanos, incluidos homicidios y detenciones arbitrarias, cometidas desde abril de 2018, advirtió Bachelet.

Por el contrario, añadió, las violaciones de derechos humanos perpetradas desde 2018 siguen impunes y el espacio cívico se ha restringido aún más.

Bachelet dijo que su oficina ha documentado 117 casos de acoso, intimidaciones y amenazas por parte de elementos del gobierno contra estudiantes, campesinos, activistas políticos, organizaciones de víctimas y de mujeres.

Asimismo, al 7 de diciembre de 2020 permanecían detenidas 110 personas que participaron en las protestas contra Ortega, de las cuales 13 están en prisión desde 2018.

La Alta Comisionada también documentó 34 casos de intimidación, amenazas y campañas de desprestigio contra periodistas independientes, allanamientos, destrucción de equipos y sanciones administrativas a medios de comunicación.

Bachelet llamó al gobierno a poner fin, de inmediato, a las detenciones arbitrarias, a las restricciones indebidas a la libertad de circulación, a las amenazas y otras formas de intimidación contra las personas que participan en reuniones pacíficas u otras actividades políticas.

Además pidió al gobierno establecer un diálogo genuino e inclusivo con todos los sectores para allanar el camino hacia comicios transparentes el 7 de noviembre, cuando se elegirán presidente, vicepresidente y 90 diputados al Parlamento unicameral.

La representante del gobierno de Nicaragua en la sesión, Wendy Morales, rechazó enfáticamente el informe por considerarlo unilateral, parcializado y carente de objetividad.

Este documento confirma la politización y manipulación de los derechos humanos en este momento de la historia y la instrumentalización injerencista de los mismos en los procesos de soberanía y dignidad que los pueblos recorremos, argumentó Morales.

En tanto, en Managua, el Ministerio de Salud inauguró el jueves un centro de atención a personas con adicciones en el edificio expropiado al canal 100% Noticias el 21 de diciembre de 2018, cuando su director y su jefa de prensa fueron encarcelados y enviados a prisión por seis meses.

Este es el tercer inmueble que el gobierno inaugura esta semana en locales confiscados a organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación críticos con Ortega. El lunes lo hicieron en las instalaciones del semanario Confidencial y el miércoles en la organización Instituto para la Democracia (Ipade).

Nos robaron el canal pero no pudieron confiscar la verdad. Seguimos con las botas puestas, escribió la jefa de prensa del canal expropiado, Lucía Pineda Ubau, en su cuenta de Twitter.

Por su parte, un grupo de periodistas independientes presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia en rechazo a la Ley Especial de Ciberdelitos aprobada en diciembre que castiga con multas y cárcel la difusión de información tergiversada o falsa.

Según los comunicadores, la llamada Ley Mordaza busca castigar a las y los periodistas de medios independientes a fin de silenciar sus voces.

Las protestas que estallaron en Nicaragua en 2018 fueron reprimidas por el gobierno con un saldo de 328 muertos, 2.000 heridos, cientos de detenidos y 100.000 exiliados o refugiados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El gobierno sólo reconoce 200 fallecidos.