Puerto Rico rechaza acuerdo; alega que recortaría pensiones

y les daría 7.400 millones en bonos y 7.000 millones en efectivo, entre otras condiciones.

y les daría 7.400 millones en bonos y 7.000 millones en efectivo, entre otras condiciones.

La junta informó que el acuerdo liberaría más de 300 millones de dólares al año para servicios públicos y que el monto en impuestos y tarifas que el gobierno puertorriqueño pagaría a acreedores se reducirá de 30 centavos a 8 centavos por dólar.

Creo firmemente que este es el mejor resultado que podemos conseguir bajo la actual incertidumbre económica, no sólo para el pueblo puertorriqueño sino para los acreedores que tienen interés en la viabilidad y solidez financiera de Puerto Rico, expresó el presidente de la junta David Skeel.

El gobernador Pedro Pierluisi, sin embargo, se declaró en desacuerdo.

En un comunicado, Pierluisi afirmó que si bien el acuerdo tiene muchos aspectos positivos su gobierno no lo endosará. El pacto aún deberá ser remitido a un tribunal el mes entrante y requiere aprobación final por parte de un juez federal que supervisa el proceso de insolvencia.

El plan de ajuste no debe afectar aún más a nuestros pensionados, expresó Pierluisi. Añadió que finiquitar la reestructuración de parte de la deuda puertorriqueña es una prioridad para su gobierno, pero no a expensas de los pensionados: Dejar atrás la quiebra del gobierno es un paso fundamental para la recuperación y para el desarrollo económico de Puerto Rico.

Puerto Rico acumuló la deuda durante décadas de mal gobierno, corrupción y préstamos excesivos contraídos para cerrar brechas en los presupuestos. En 2015, el gobierno de entonces declaró impagable la deuda y dos años después la isla declaró la mayor bancarrota municipal en la historia estadounidense.