Pesquisa expone limitaciones del sistema legal del Vaticano

y la autoridad de supervisión financiera, conocida como AIF. El papa Francisco autorizó personalmente los cateos luego de que un aliado de confianza alertó a la fiscalía vaticana de las sospechas ...

y la autoridad de supervisión financiera, conocida como AIF. El papa Francisco autorizó personalmente los cateos luego de que un aliado de confianza alertó a la fiscalía vaticana de las sospechas sobre la inversión.

La pesquisa ha sido presentada como un signo de que Francisco está tomando medidas corrupción. Y hay evidencia de al menos mala gestión económica por parte de funcionarios del Vaticano, ya que acordaron pagar decenas de millones de euros a intermediarios italianos por sus servicios.

Pero los sospechosos sostienen que Francisco estaba al menos al tanto del pago y que altos cargos de la Santa Sede lo autorizaron. El abogado de uno de ellos llegó a afirmar que fue el propio pontífice quien los aprobó.

La fiscalía del Vaticano negó a la AP que Francisco autorizase pagar ese dinero, pero reconoció que participó en una reunión donde se negociaron los últimos detalles del acuerdo y en la que les pidió que hallaran una solución por el bien de todos.

Los fiscales sostienen además que el subsecretario de Estado, el venezolano Edgar Peña Parra, tampoco es sospechoso porque no estaba informado sobre lo que estaban haciendo sus subordinados, aunque los documentos de la propia fiscalía sugieren que sí lo estaba. De hecho, no trascendió que se esté investigando a ningún alto cargo.

El caso ha puesto de manifiesto las limitaciones de la ley vaticana, que se basa en un código italiano de 1889 que ya no se usa y que restringe enormemente los derechos de los acusados durante la fase de investigación en comparación con los sistemas legales modernos.