China condena a muerte a funcionario por corrupción

El exdirector general de la firma estatal China Huarong Asset Management Co. Ltd. fue sentenciado el martes a muerte por aceptar sobornos, en uno de los castigos más severos por delitos económicos e...

El exdirector general de la firma estatal China Huarong Asset Management Co. Ltd. fue sentenciado el martes a muerte por aceptar sobornos, en uno de los castigos más severos por delitos económicos en años recientes.

Lai Xiaomin, de 58 años, fue declarado culpable además por el tribunal de Tianjin de cargos menores, incluyendo corrupción y bigamia.

En casos de corrupción las sentencias suelen ser a cadena perpetua o a muerte pero que quedan en suspenso. Las condenas a muerte sin posibilidades de indulto se han vuelto raras en años recientes. Esas sentencias son apeladas automáticamente ante el máximo tribunal de China.

Lai fue investigado por el organismo anticorrupción del gobernante Partido Comunista en el 2018 y expulsado del partido ese mismo año.

En su fallo, el tribunal de Tianjin mencionó el monto especialmente enorme de los sobornos aceptados por Lai, diciendo que excedieron 600 millones de yuanes (93 millones de dólares) en una instancia. En total, dijo el fallo, Lai recibió o trató de recibir 1.790 millones de yuanes (260 millones de dólares) en una década por abusar de su posición para hacer inversiones, otorgar contratos de construcción, ayudar con promociones y proveer otros favores.

Fue convicto además de malversar más de 25 millones de yuanes (casi 4 millones de dólares) en bienes estatales e iniciar una segunda familia cuando seguía casado con su primera esposa.

Aunque Lai proveyó información útil sobre actividades ilícitas de sus subordinados, la gravedad de sus faltas y el nivel del daño causado a la sociedad hacen que sea insuficiente para otorgarle indulgencia.

Lai Xiaomin es criminal y avaro en extremo, dijo el fallo. Sus delitos son extremamente graves y deben ser castigados severamente de acuerdo con la ley.

Huarong es una de cuatro entidades creadas en la década de 1990 para comprar préstamos no rendidores de los bancos, ayudando a revivir industrias financiadas por el estado.