El Salvador: denuncian magistrados por cerrar caso jesuitas

El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca) presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra de dos magistrados de la Sala de lo Penal ...

El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca) presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra de dos magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia por el delito de prevaricato tras negar la reapertura del caso de la masacre de seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras que fue perpetrado por un comando de las fuerzas elites del ejército en noviembre de 1989.

Dos de los tres magistrados de la Sala de lo Penal establecieron que los autores intelectuales no deberían de investigarse, el tercero dijo que no estaba de acuerdo y emitió un voto en discordia, dijo el miércoles a la AP el abogado del Idhuca, Arnau Baulenas.

En su resolución, el tribunal superior en materia penal apoya y ratifica el sobreseimiento dado por un juzgado en el año 2000 en beneficio de los autores mediatos.

La denuncia es contra los magistrados de la Sala de lo Penal, José Roberto Argueta Manzano y Juan Manuel Bolaños Sandoval, porque según el Idhuca), existen suficientes indicios de haber cometido el delito de prevaricato, contenido en el último inciso del artículo 130 del Código Penal: el juez que, por negligencia o ignorancia inexcusable, dictare sentencia manifiestamente injusta, será sancionado con prisión de dos a cuatro años.

Sostienen que los magistrados en su decisión sobre el recurso ilegítimamente solicitado por los militares acusados, omitieron completamente, por negligencia o ignorancia, cualquier referencia a la sentencia definitiva que declaró inconstitucional la amnistía general que impedía que se procesara a los involucrados en crímenes de guerra detallados en el informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, en el que se incluye la masacre de los jesuitas.

Agregan que la sentencia de la Sala de lo Penal en definitiva, es un verdadero atentado contra el Estado de Derecho y los Derechos Humanos en El Salvador, porque promueve la impunidad, por lo que es procedente exigirles a las demás instituciones públicas que, en el ejercicio de sus competencias, realicen las acciones necesarias para corregir y sancionar esta situación.

Advierten que esta es la primera denuncia que se emprende con el propósito que se corrijan los retrocesos observados en la implementación de la justicia transicional en El Salvador y que el próximo año se emprenderán otras acciones más a nivel nacional e internacional.