México aplaza ley contra subcontratación, pacta con patronal

El gobierno mexicano resolvió aplazar hasta febrero el debate sobre la ley que busca prohibir las subcontrataciones después de una intensa negociación con el sector empresarial, que pidió al Ejecu...

El gobierno mexicano resolvió aplazar hasta febrero el debate sobre la ley que busca prohibir las subcontrataciones después de una intensa negociación con el sector empresarial, que pidió al Ejecutivo más tiempo para adecuarse a la nueva norma.

La decisión es fruto de un acuerdo firmado el miércoles en el Palacio Nacional entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y organizaciones empresariales y de trabajadores que, según el mandatario, demuestra que el Ejecutivo está abierto al diálogo.

La iniciativa parlamentaria busca prohibir la subcontratación de trabajadores, una práctica de la que se ha abusado en México y con la que las compañías evitan cumplir con las debidas prestaciones de ley. Pero los empresarios la consideraron contraproducente en el actual momento de crisis y cuando se han perdido muchos empleos debido a la pandemia.

Las compañías suelen subcontratar empleados a agencias temporales o empresas externas con el fin de evitar gastos. Esos trabajadores laboran frecuentemente en las instalaciones de esa compañía pero reciben de otra su salario, que muchas veces está por debajo de los valores de mercado. A su vez, es común que sean despedidos cada cierto tiempo para no generar derechos.

Según lo acordado el miércoles, las empresas se comprometen a luchar contra los abusos e iniciar procesos para regularizar sus plantillas, explicó Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo.

Dado que diciembre es la época en la que tradicionalmente más empleados son despedidos, el gobierno hizo un llamamiento para que esto no ocurra y quedó explícito en el acuerdo que si se detectan irregularidades se procederá administrativa o penalmente contra las empresas.

Por su parte, el Ejecutivo aceptó dejar para febrero el debate de la ley en el Parlamento, aunque en ese momento se tramitará como máximo en un mes, y abrir un espacio de negociación para discutir un nuevo esquema de reparto de utilidades justo, equitativo y que evite discrecionalidad, dijo Alcalde.

Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, indicó que el acuerdo logrado con el gobierno y los sindicatos permitirá mejorar la propuesta de ley y tener el tiempo para adaptar a las empresas de una manera adecuada.

Los empresarios jamás defenderemos cualquier irregularidad, agregó.