EEUU: Congreso regresa con asuntos aún por resolver

dominan la sesión de dos o tres semanas que se lleva a cabo en un momento en que la pandemia del coronavirus se sale de control en las últimas semanas de Donald Trump en la presidencia.

dominan la sesión de dos o tres semanas que se lleva a cabo en un momento en que la pandemia del coronavirus se sale de control en las últimas semanas de Donald Trump en la presidencia.

El único tema urgente y obligatorio es evitar un cierre de gobierno una vez que expire la ley de gastos temporales el 11 de diciembre. Algunos de los principales legisladores, como la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, prefieren acordar y aprobar una ley de gastos generales para el gobierno. Pero podría ser complicado dejar de lado las amargas divisiones respecto al demorado paquete de ayuda contra el COVID-19, el cual es una de las máximas prioridades para negocios, gobiernos locales y estatales, y educadores, entre otros.

McConnell está enfocándose en confirmar el resto de las nominaciones judiciales de Trump, incluyendo una votación el lunes para un juez de distrito en Mississippi y al menos una vacante adicional para un tribunal de apelaciones.

Los legisladores también tienen el tiempo en contra, y tampoco les ayuda el que ahora el Capitolio esté surgiendo como un foco de infección de COVID-19. La Cámara de Representantes ha reducido su horario, y los senadores republicanos siguen el ejemplo de los demócratas al dejar de lado los almuerzos y reuniones presenciales con los que suelen poner fin a sus semanas laborales. Se requerirán negociaciones serias y de buena fe entre las principales figuras a fin de determinar lo que es posible. Sin embargo, eso aún no sucede.

A continuación damos los puntos principales para la sesión final del Congreso:

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MANTENER EL GOBIERNO ABIERTO

Como mínimo, los legisladores necesitan mantener al gobierno en marcha al aprobar una ley de presupuestos provisional conocida como resolución de continuidad, que enviaría 1,4 billones de dólares en gastos inconclusos de agencias al próximo año.

Esa es la manera habitual de lidiar con la entrega a un nuevo gobierno, pero McConnell y Pelosi son dos veteranos de la cultura de las partidas legislativas y desean se apruebe un paquete de gastos generales. Uno de los problemas es un forcejeo en torno al uso de un truco presupuestario para añadir un incremento de dos puntos porcentuales y 12.000 millones de dólares a los programas domésticos a fin de darle acomodo a un gasto de atención médica a veteranos de guerra que crece rápidamente. Otro punto de conflicto son las demandas de Trump para destinar fondos al muro en la frontera con México.

Hacer que Trump firme la medida es otro de los desafíos. Hace dos años desató un prolongado cierre parcial de gobierno debido al muro fronterizo, pero a ambas partes les gustaría resolver todas las legislaciones pendientes para darle al gobierno de Biden un comienzo sin asuntos atrasados. La transición gubernamental posiblemente no afectaría mucho un acuerdo de gastos generales.

Están pendientes de acuerdo los 12 proyectos presupuestales que conforman la porción de presupuesto del gobierno que cada año es aprobada por el Congreso de manera bipartidista. Sea cual sea el plan aprobado, posiblemente incluya una serie de pendientes como extender las políticas de atención médica que están por expirar y prolongar la autorización para el programa de seguros del gobierno contra inundaciones.

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PAQUETE DE AYUDA POR LA PANDEMIA

Los demócratas se han enfrentado durante meses con los republicanos y la Casa Blanca en torno a una nueva entrega de ayuda contra el COVID-19 que todas las partes involucradas aseguran que quieren. Pero la falta de buena voluntad y la poca disposición por ceder terreno que pueda llevar a cualquiera de las partes a salirse de su zona de confort político han contribuido a congelar un nuevo paquete de rescate.

La ayuda sigue estando fuera de alcance a pesar de la frágil economía y al incremento descontrolado de infecciones de coronavirus, especialmente en bastiones republicanos en la región centro-norte del país. McConnell ha remplazado al secretario del Tesoro Steven Mnuchin como la principal figura republicana en las negociaciones, pero el senador no ha mostrado mucha disposición a ceder en soluciones negociadas políticamente delicadas requeridas para un acuerdo sobre el COVID-19 que podría irritar a los conservadores. Tampoco se han cumplido las advertencias de McConnell sobre una oleada de demandas relacionadas con el coronavirus en contra de negocios, escuelas y grupos sin fines de lucro que han permanecido abiertas durante la pandemia, socavando sus exigencias para que haya protecciones generales contra ese tipo de demandas.

Pelosi parece haberse excedido en su estrategia al negarse a aceptar un paquete de más de 2 billones de dólares hasta las elecciones. Los resultados de los comicios, en los que los demócratas perdieron escaños en la cámara baja, parecen haber socavado de manera significativa su postura, pero se mantiene firme con respecto a una nueva ronda de ayuda a los gobiernos locales y estatales.

Antes de las elecciones, Trump parecía enfocarse en una cláusula que habría enviado una nueva ronda de pagos por 1.200 dólares a la mayoría de los estadounidenses. Desde entonces no ha mostrado gran interés en el asunto, salvo por algunos tuits aislados. Pero los principales obstáculos actuales parecen ser las exigencias de Pelosi de ayuda para los gobiernos locales y estatales y las exigencias de McConnell para que haya una protección de deudas para los negocios que reabran durante la pandemia.

En juego están los fondos para vacunas y pruebas diagnósticas, la reapertura de escuelas y varias ideas de estímulos económicos, como una nueva ronda de subsidios de protección salarial para negocios particularmente afectados por la pandemia. El no aprobar una medida ahora podría enviar el asunto hasta la parte superior de la agenda legislativa de Biden el próximo año.

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POLíTICAS DE DEFENSA

Una disputa en torno a algunas bases militares que llevan nombres de oficiales confederados está poniendo en riesgo la aprobación anual de una medida de políticas de defensa que ha sido aprobada de manera bipartidista durante 59 años consecutivos. La medida es fundamental en el mundo de las políticas de defensa, dando dirección a las políticas del Pentágono y afianzando decisiones sobre los niveles de tropas, nuevos sistemas de armamento y preparación militar, políticas de personal militar y otros objetivos de defensa.

Tanto las medidas de la Cámara de Representantes como del Senado requerirían que el Pentágono cambiara nombres de algunas bases como Fort Benning y Fort Hood, pero Trump se opone a la idea y ha amenazado con vetarla. La disputa estalló a mediados de este año, en medio de protestas raciales a gran escala, y Trump utilizó el debate para atraer a los votantes blancos del sur del país que recuerdan a la Confederación con nostalgia. Es un tema pendiente en dos segundas vueltas electorales al Senado en Georgia que determinarán el control de la cámara en los primeros dos años del mandato de Biden.

Los demócratas insisten en el cambio de nombres, y no está claro en qué acabará todo esto.