Nicaragua: Trump prolonga emergencia nacional por amenaza

El presidente estadounidense Donald Trump extendió el martes una orden ejecutiva emitida el 27 de noviembre de 2018 en la que declaró una emergencia nacional ante la crisis política y social de Nic...

El presidente estadounidense Donald Trump extendió el martes una orden ejecutiva emitida el 27 de noviembre de 2018 en la que declaró una emergencia nacional ante la crisis política y social de Nicaragua por considerarla una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos.

Trump envió una carta a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, informando que notificó al Registro Nacional que la emergencia dictada en 2018 seguirá vigente después del 27 de noviembre de 2020.

Según el mandatario, en Nicaragua persiste la respuesta violenta del gobierno de Nicaragua a las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018 y el desmantelamiento y socavamiento sistemático de las instituciones democráticas y el estado de Derecho por parte del régimen de (el presidente Daniel) Ortega.

También se mantiene el uso de la violencia indiscriminada y tácticas represivas contra civiles, así como su corrupción que condujo a la desestabilización de la economía de Nicaragua y continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos, indicó el texto.

La orden ejecutiva de 2018 incluyó sanciones a varios personeros del gobierno y del entorno más cercano a Ortega, incluyendo su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y su asesor de seguridad, Néstor Moncada Lau.

A esto siguieron varias sanciones dictadas por Estados Unidos contra 24 funcionarios y allegados al gobernante sandinista, incluidos tres de sus hijos, así como ministros, jefes de policía y del ejército y al menos seis empresas ligadas a la familia presidencial.

El gobierno de Estados Unidos acusó a esas figuras de cometer violaciones de derechos humanos tras las protestas que estallaron en abril de 2018, donde la represión estatal dejó como saldo 328 civiles muertos, cientos de heridos y detenidos, así como unos 100.000 emigrados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).