Colombia castiga a 5 soldados por asesinato de exguerrillero

Las autoridades colombianas tomaron medidas disciplinarias en contra de cinco soldados por su participación en la muerte violenta de un exguerrillero, cuyo asesinato se ha convertido en uno de los cr...

Las autoridades colombianas tomaron medidas disciplinarias en contra de cinco soldados por su participación en la muerte violenta de un exguerrillero, cuyo asesinato se ha convertido en uno de los crímenes más sonados durante el proceso de paz de la nación sudamericana.

La Fiscalía General de la Nación anunció el martes que el excomandante Jorge Armando Pérez tendrá prohibido desempeñar cualquier cargo público por 20 años luego de ser identificado como el autor intelectual de la muerte de Dilmar Torres.

La sanción es adicional a los cargos penales de homicidio en contra de Pérez y otros cuatro sospechosos.

Torres, exmiembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fue asesinado en abril de 2019 en el departamento de Norte de Santander, que colinda con Venezuela. Soldados intentaron ocultar el cuerpo de Torres, pero los pobladores locales eventualmente localizaron los restos.

El caso desató indignación en un país en donde los miembros de las fuerzas armadas mataron a miles de civiles hace más de una década, durante el punto más álgido de la ofensiva militar, y los contabilizaron como rebeldes a fin de inflar las muertes de combatientes y obtener bonos.

El entonces ministro de Defensa Guillermo Botero generó aún mayor indignación al ofrecer inicialmente su respaldo a las versiones de los elementos castrenses de que Torres había muerto en un enfrentamiento.

Los excombatientes han sido asesinados a un ritmo alarmante desde que firmaron el histórico acuerdo de paz de 2016 que puso fin al conflicto armado más longevo de Latinoamérica. De acuerdo con la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, 31 exguerrilleros han sido asesinados en lo que va de 2020 para un total de 203 desde que se signó la paz.

La mayoría de los fallecimientos han ocurrido en zonas conflictivas del país donde grupos armados se disputan las rutas del trasiego de drogas. Algunos de los rebeldes han sido asesinados después de rechazar los intentos de reclutamiento por parte de guerrilleros disidentes. Hasta principios de este año, únicamente se había sentenciado a 23 personas por su responsabilidad en 228 crímenes violentos en contra de excombatientes.

Las autoridades afirman que, antes de la muerte de Torres, Pérez ordenó encontrar y asesinar al responsable de la muerte del soldado Pablo Emilio Borja. Los soldados aseguraron que Torres era miembro de otro grupo guerrillero, el Ejército de Liberación Nacional, aunque de hecho era un civil y trabajaba como agricultor como parte del acuerdo de paz.

Según los investigadores, Daniel Eduardo Gómez le disparó a Torres en el rostro y la espalda. Posteriormente recibió la ayuda de otros soldados para ocultar los restos en la selva. Gómez fue sentenciado a 20 años de prisión por el delito.

Según Naciones Unidas, los crímenes en contra de exguerrilleros, líderes sociales y defensores de los derechos humanos han continuado durante la pandemia, que algunos grupos armados han utilizado para afianzar su control territorial en áreas en las que el Estado tiene poca presencia.