Guatemala: Piden quitar inmunidad a más de 111 funcionarios

El Ministerio Público de Guatemala solicitó el viernes a los tribunales de justicia retirar la inmunidad a más de 111 funcionarios públicos, entre ellos 92 diputados del Congreso, 13 magistrados d...

El Ministerio Público de Guatemala solicitó el viernes a los tribunales de justicia retirar la inmunidad a más de 111 funcionarios públicos, entre ellos 92 diputados del Congreso, 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y 6 magistrados de la Corte de Constitucionalidad por diversas denuncias en su contra, según indicó en un comunicado.

La Corte Suprema de Justicia y la de Apelaciones, que en conjunto cuentan con más de 300 magistrados, tuvieron que haber sido electas desde el año pasado, lo cual se lleva a cabo a través de comisiones de postulación. Sin embargo, varios de los integrantes de dichas comisiones, candidatos y diputados electores fueron descubiertos supuestamente traficando influencias para la elección.

Entonces se interpusieron recursos legales para que varios que habían resultado elegibles no pudieran ser tomados en cuenta por el Congreso, ya que es éste el que elige a las cortes. La elección de magistrados es muy importante en Guatemala, pues están en proceso casos muy graves de corrupción contra empresarios, políticos y funcionarios poderosos y serán las próximas cortes las que los juzguen.

La fiscalía solicitó el retiro de la inmunidad a 92 congresistas, siete de ellos por haber votado para realizar un procedimiento de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones, excluyendo a candidatos cuya idoneidad y honorabilidad estaba comprometida, con lo que habrían violado un fallo de la Corte de Constitucionalidad que había fijado plazos y formas para esto.

Según la ley debe ser la CSJ la que resuelva si proceden o no las solicitudes contra los legisladores.

La fiscalía también solicitó el retiro de la inmunidad a 13 magistrados de la CSJ por haber integrado y resuelto ilegalmente el trámite de retiro de inmunidad a cuatro magistrados de la CC, supuestamente por haberse excedido al pedirle a los diputados que descartaran a candidatos no probos. Según la ley los congresistas son quienes deben decidir la suerte de los magistrados de la CSJ.

El Ministerio Público también pidió que le retiren la inmunidad a seis magistrados de la CC porque estos se autoampararon contra la decisión de la CSJ de que avanzara el trámite para el retiro de su inmunidad. En el caso de los magistrados constitucionales es la CSJ la que tramita la solicitud y es el Congreso el que la resuelve.

El abogado constitucionalista Gabriel Orellana señaló que en los dos primeros casos está de acuerdo con la petición hecha por la fiscalía, porque en ambos hubo una clara violación a la ley. Pero no lo está en el caso de los magistrados constitucionales.

El Ministerio Público no puede ir en contra de la Constitución (que establece que los magistrados constitucionales no pueden ser perseguidos por sus opiniones emitidas en fallos). Entonces indudablemente aquí hay una protección que aparentemente el ministerio público no ha visto o no quiere ver, afirmó.

El abogado dijo que el máximo órgano constitucional del país tiene un estatus muy particular que va de acuerdo a su función, que es defender el orden constitucional

Pareciera que aquí hay un sesgo político contra los magistrados de la CC, dijo.

La petición de la fiscalía coincide con la petición de varias cámaras empresariales que pidieron al Congreso desobedecer fallos constitucionales.