Gobierno de EEUU se opone a liberar a familias migrantes

después de que una jueza federal fijara un plazo para que los menores fueran puestos en libertad, lo que según activistas podría causar una nueva separación de familias.

después de que una jueza federal fijara un plazo para que los menores fueran puestos en libertad, lo que según activistas podría causar una nueva separación de familias.

En documentos presentados ante una corte, el gobierno del presidente Donald Trump arguyó que las conclusiones del viernes de la jueza Dolly Gee eran insuficientes para demostrar las afirmaciones de las familias de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) no esta haciendo lo suficiente para controlar la propagación del coronavirus, aun cuando se han presentado casos confirmados de COVID-19 en dos de tres centros de detención de familias en Texas y Pensilvania.

Gee fijó el 17 de julio como fecha límite para que el gobierno federal deje en libertad a los niños que hayan permanecido más de 20 días en detención familiar, sea liberándolos con sus padres o enviándolos con patrocinadores. Gee afirmó que los centros se encontraban ardiendo.

Los abogados de las familias detenidas dijeron estar preocupados de que el ICE mantenga a las familias detenidas u obligue a los padres a permitir que sus hijos sean liberados sin ellos.

En conjunto, las tres instalaciones tienen recluidos a 138 padres y 139 niños.

La orden de Gee no abarca a los padres detenidos con sus hijos, algunos en recintos donde no les permiten ver a otras personas y temen que personal infectado les haya transmitido el virus. Una madre dijo a The Associated Press que a su hijo de 8 años le negaron juguetes hasta antes de la visita de un grupo de legisladores, aseveración rechazada por el ICE. Ochenta legisladores firmaron el martes una carta en la que piden al ICE dejar en libertad a las familias juntas.

Un grupo de padres y niños retenidos por separado en un centro de detención de familias demandaron este año al gobierno ante una corte federal en Washington. Las familias afirman que las condiciones de su detención infringen la Constitución de Estados Unidos. El juez James Boasberg, que supervisa el caso, había solicitado a los abogados de ambas partes que le explicaran cómo se aplicaría la orden de Gee en el asunto.

El gobierno dijo el miércoles que continuaba trabajando en un plan para cumplir con la orden de Gee. Pero afirmó que el remedio a una violación constitucional por la condición de confinamiento es remediar la violación, no dejar en libertad a los reclamantes, en referencia a las familias que presentaron la demanda. Boasberg no debería ordenar la liberación de las familias detenidas, según el gobierno federal.

Los abogados de las familias acusaron al gobierno de ofrecerle a los padres opciones igualmente inadecuadas": dejar que sus hijos salgan sin ellos o que permanezcan en los centros de detención donde su riesgo de infección de coronavirus es dramáticamente alto.

Todos están con los dedos cruzados y esperan que el ICE escuche al público estadounidense que no quiere la separación de familias, dijo Andrea Meza, directora de servicios para detención de familias en el grupo legal RAICES. No tiene sentido lógico que se aferren a estas personas.

Al menos 11 padres e hijos han dado positivo al COVID-19 en el centro de detención en Karnes City, Texas, y a varios empleados les detectaron el coronavirus tanto en Karnes como en la instalación en la localidad cercana de Dilley. El gobierno dijo el miércoles que no hay casos positivos en el centro de detención del condado Berks en Pensilvania.

Menos de 1.000 menores se encuentran en el sistema de instalaciones para menores no acompañados, perteneciente al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

Esas cifras han disminuido considerablemente respecto del año pasado, cuando artículos periodísticos sobre la fetidez en algunas instalaciones fronterizas hacinadas provocaron indignación. La mayoría de quienes cruzan la frontera son ahora expulsados de acuerdo con un decreto de emergencia que invoca la necesidad de detener la propagación del coronavirus, aunque Estados Unidos acumula a la fecha el mayor número de casos confirmados en el mundo. Al menos 2.000 menores fueron expulsados conforme al decreto.