Tortura
Un activista encadenado en una protesta contra la tortura, en una imagen de archivo. Nasser Nuri / REUTERS

Estados Unidos declaró este viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que los días en que el gobierno avaló prácticas de tortura contra prisioneros bajo su jurisdicción, durante su lucha contra el terrorismo, han quedado ya atrás.

Para mí la mejor manera de prevenir que la tortura avance es castigarla de manera activa y con fuerza El anuncio empero pareció insuficiente para miembros de la CIDH que insistieron en la necesidad de que Estados Unidos enjuicie y sancione a los responsables de actos de tortura para evitar la impunidad y restaurar su liderazgo como ejemplo de protección de los derechos humanos.

"Para mí la mejor manera de prevenir que la tortura avance es castigarla de manera activa y con fuerza", dijo ante presentantes de la administración (del presidente estadounidense Barack Obama la presidenta de la CIDH, la comisionada Rose Marie Antoine.

Su postura fue consistente con la expresada por otros de sus colegas durante una audiencia sobre la situación de las personas afectadas por el programa clandestino de interrogatorios, al amparo del cual Estados Unidos secuestró y sometió a tortura a sospechosos de terrorismo.

El comisionado Felipe González recordó a los presentantes del gobierno sobre el énfasis en la doctrina del sistema interamericano de derechos humanos y el sistema de la ONU sobre la importancia de investigar a fondo y castigar crímenes de derechos humanos.

Castigar a los responsables de actos de tortura, dijo el jurista chileno, no sólo debe ser visto como una cuestión de hacer justicia, "también para prevenir la comisión de estos crímenes en el futuro, enviando el mensaje a quienes pertenecen a agencias de gobierno, civil como militar, que crímenes cometidos no quedarán sin castigo".

"Es una señal fuerte para generaciones futuras", dijo el también relator para personas privadas de libertad.

Tanto Antoine, como González, expresaron estas posturas tras la revelación del gobierno estadounidense de que las denuncias de tortura dieron lugar a varias investigaciones, así como a varios desistimientos y apenas la convicción de un contratista.

Insisten en castigar a los responsables

Kathelen Hook, asistente legal para derechos humanos y refugiados del Departamento de Estado, hizo igualmente un repaso de las políticas implementadas por Obama para poner fin a las políticas que permitieron actos de tortura, como para castigar a responsables.

Un recuento de un paso en nuestra historia que ha quedado atrás Hook dijo que los actos de torturas, al amparo de las políticas y programas implementados por Estados Unidos después de los ataques de septiembre de 2001, "son parte de nuestra historia y no son representativo de la manera como hacemos frente a la amenaza de terroristas que aún enfrentamos".

Recordó que un reporte elaborado por una comisión nombrada por el Congreso determinó la ilegalidad de esos programas, y sirve como permanente recordatorio sobre un tiempo que no debe repetirse.

"Este reporte debe ser visto como lo que es: un recuento de un paso en nuestra historia que ha quedado atrás. Estados Unidos reafirma su principio central de que la tortura, el trato cruel, inhumano, degradante y castigo, son ilegales categórica y legalmente, para siempre y donde sea, y viola la ley de Estados Unidos", dijo.

Durante la audiencia temática, los comisionados escucharon el testimonio del ciudadano sirio Mohanmed al Shuraeiya bin Saud, secuestrado en Pakistán en 2003 y sometido a tortura estando bajo custodia de la CIA, que posteriormente lo extraditó a su país, donde permaneció varios años en prisión y padeciendo más abusos.

El hombre, quien compareció mediante un video, dijo haber sido sometido a azotes contra la pared, bofetadas, golpes en el estómago, haber tenido que soportar baños con agua fría, ahogamientos simulados con agua, y ser colgado de manos al techo.

La presentación del caso por parte de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) fue objetada por el gobierno estadounidense al señalar el carácter temático de la audiencia, además de descalificar la calidad de peticionarios de los representantes de organizaciones de la sociedad civil que comparecieron, y quienes la solicitaron.

En su momento, González hizo notar a los representantes del gobierno que pese al carácter de la audiencia, este caso "es crucial en la discusión temática del asunto".