Corte Suprema
Edificio de la Corte Suprema de Estados Unidos. WIKIPEDIA

La religión, el control de natalidad y la reforma de salud del presidente Barack Obama están a punto de chocar nuevamente en la Corte Suprema de Estados Unidos.

Si la Corte Suprema toma cartas en el asunto en su periodo de sesiones a comenzar en octubre, sería el cuarto caso que llegue al máximo tribunalOrganizaciones de caridad, colegios y hospitales religiosos que se oponen a algunos o a todos los anticonceptivos por considerarlos inmorales, están impugnando —al considerarlas insuficientes— las reglas del gobierno que les permiten dejar de cubrir los anticonceptivos para sus empleadas, los cuales son parte de una amplia gama de servicios preventivos que deben estar en los seguros médicos sin costo adicional.

Estos grupos religiosos sin fines de lucro alegan que las regulaciones no son suficientes, porque todavía se sienten obligadas a tener que proporcionar anticonceptivos en los seguros médicos que otorgan a sus empleadas, aunque estos grupos no se vean afectados financieramente.

Un fallo reciente de una corte de apelación fue el primero en dar la razón a las organizaciones, después de que otros siete paneles de apelación apoyaron al gobierno federal. Tales desacuerdos entre los tribunales inferiores suelen ser un detonante para que el caso sea sopesado por el máximo tribunal.

Si la Corte Suprema toma cartas en el asunto en su periodo de sesiones a comenzar en octubre, sería el cuarto caso que llegue al máximo tribunal derivado de la reforma de salud que Obama promulgó en 2010.

El máximo tribunal del país ha ratificado la ley dos veces, pero ha permitido a algunos empleadores con fines de lucro y con objeciones religiosas el negarse a pagar los anticonceptivos para sus empleadas.

Los lugares de culto y otras instituciones religiosas cuya principal finalidad es difundir la fe están exentos de esa obligación de ofrecer control de la natalidad.

Para otros grupos sin fines de lucro de afiliación religiosa, como hospitales y escuelas, el gobierno sostiene que la concesión regulatoria crea un generoso espacio de maniobra moral y financiera entre los grupos religiosos que objetan la reforma de salud y la financiación al control de la natalidad. Los grupos sin fines de lucro sólo tienen que decir que el pago de cualquiera o de todos los 20 dispositivos y métodos aprobados por los reguladores del gobierno violaría sus creencias religiosas.