Una empresa farmacéutica británica que pidió a Arkansas no usar sus productos en ejecuciones quiere saber si el estado planea usarlas, pero las autoridades carcelarias han rechazado las solicitudes de información sobre la droga argumentando que la ley hace que sean confidenciales todas sus políticas de ejecución.

Hikma Pharmaceuticals canceló un contrato con las autoridades carcelarias de Arkansas en 2013Hikma Pharmaceuticals canceló un contrato con las autoridades carcelarias de Arkansas en 2013, después de que supo que el estado adquirió un medicamento contra las convulsiones y otra droga para usarlos en las inyecciones letales de una de sus subsidiarias en Estados Unidos.

Según archivos, el estado, que planea continuar con sus ejecuciones el próximo mes tras un alto de 10 años, tiene un sedante poderoso en su suministro de drogas para ejecución con un sello que aparece ser de West-Ward Pharmaceuticals. La empresa es una subsidiaria de Hikma con sede en New Jersey.

"Hemos tratado de contactar al Departamento Correccional de Arkansas para confirmar que tienen nuestro producto y si se confirma les pediremos que nos lo devuelvan", dijo Susan Ringdal, vicepresidenta de Hikma, al responder preguntas de AP.

"Seguimos oponiéndonos fuertemente a que nuestro producto sea usado para una inyección letal", dijo. "También estamos auditando nuestras ventas y canales de distribución para tratar de determinar cómo obtuvieron nuestro producto".

La nueva ley de confidencialidad del estado permite que Arkansas retenga información sobre sus suministradores de drogas para ejecuciones. La vocera del Departamento Correccional de Arkansas, Cathy Frye, dijo que las leyes le impiden decir si Hikma se había puesto en contacto con el departamento. Señaló que el departamento no podía responder a nadie, incluso los fabricantes, que preguntaban sobre las drogas.

"La ley estatal indica que se mantenga confidencial esa información, sin importar quién la ha solicitado", dijo.

La oficina de la secretaria de justicia de Arkansas Leslie Rutledge apoyó a la agencia. El vocero Judd Deere dijo el viernes que la ley prohíbe que el departamento "revele esa información".

Los abogados de los presos sentenciados a muerte presentaron una demanda impugnando la ley a la que califican de inconstitucional.

A través de una solicitud basada en la ley de acceso a la información, AP obtuvo fotografías censuradas de los contenedores, instrucciones de uso y fechas de caducidad en drogas que fueron compradas para las ejecuciones. Los archivos muestran que los objetos fueron adquiridos por el estado en una transacción el 30 de junio por 24,226 dólares.

Las etiquetas parecen mostrar que Hikma fabricó el suministro estatal de midazolam, un sedante usado después de que los presos gimieron y resollaron durante ejecuciones más largas de lo esperadas el año pasado en Arizona, Ohio y Oklahoma. En junio la Corte Suprema aprobó por pocos votos que se siguiera usando el medicamento en ejecuciones.

Las otras etiquetas parecen mostrar que el cloruro de potasio, que detiene el corazón, fue fabricado por Hospira Inc., mientras que su agente paralítico bromuro de vecuronio, fue hecho por Sun Pharma.

Sun Pharma con sede en India dijo el jueves que buscaba saber si el sistema de prisiones de Arkansas tenía su medicamento y si era así, si eso podría violar alguna política de la empresa.

Katherine Toomey, abogada en Lewis Baach, una firma de abogados especializada en disputas comerciales e internacionales dijo que cree que la ley de Arkansas no se podría imponer ante los derechos de las empresas. Señaló que los fabricantes de drogas, al igual que cualquier otra empresa, tienen derecho a saber si sus productos están siendo usados en ejecuciones para poder hacer valer sus contratos.

"La ley de Arkansas, que busca mantener a las ejecuciones en secreto, no afecta los derechos contractuales, ni hace inmune a Arkansas de sus responsabilidades si el estado obtiene inadecuadamente o utiliza drogas para ejecuciones", dijo Toomey.