EEUU sanciona a militares de El Salvador por matanza de 1989

Estados Unidos prohibió el miércoles el ingreso a más de una decena de militares de El Salvador que habrían participado en la matanza extrajudicial de seis sacerdotes jesuitas a finales de la déc...

Estados Unidos prohibió el miércoles el ingreso a más de una decena de militares de El Salvador que habrían participado en la matanza extrajudicial de seis sacerdotes jesuitas a finales de la década de 1980.

Entre los 13 militares y exfuncionarios de las fuerzas armadas aparecen Guillermo Alfredo Benavides Moreno, el único militar que permanece preso en su país por la matanza, y Yusshy René Mendoza Vallecillos, quien fue condenado pero salió en libertad tras la aprobación de una ley de amnistía. Está también el ex viceministro de Seguridad, Inocente Orlando Montano, quien en 2017 fue extraditado a España tras una orden de un tribunal estadounidense.

Esta designación se debe a su participación en graves violaciones a los derechos humanos en El Salvador relacionadas con el planeamiento y la ejecución de la matanza extrajudicial, expresó el secretario de Estado Mike Pompeo en una declaración escrita.

La matanza en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador ocurrió la noche del 16 de noviembre de 1989, durante una de las más sangrientas ofensivas del guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que mantenía presencia en gran parte del país y en la capital.

En un principio, el gobierno trató de atribuir la matanza a las fuerzas guerrilleras, pero pocas horas después quedó al descubierto que un comando élite de las fuerzas armadas perpetró el crimen.

Los jesuitas españoles Segundo Montes, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Armando López, Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín Lopez fueron ejecutados con disparos en la cabeza tras ser puestos de rodillas en el jardín de la casa en la que vivían dentro del campus de la UCA. Sus dos colaboradoras, Elba y su hija Celina Ramos, también fueron asesinadas por los militares.

En marzo de 2019, un tribunal superior salvadoreño ordenó la reapertura del juicio contra un grupo de militares señalados por su presunta participación en la matanza.

En la declaración escrita, Pompeo dijo que el gobierno estadounidense tiene información creíble sobre violaciones a los derechos humanos en las que participaron los salvadoreños, cuyos puestos iban desde generales hasta posiciones civiles. Agregó que Estados Unidos condena todos los abusos a los derechos humanos cometidos por ambas partes durante la guerra civil de El Salvador, entre ellos los del gobierno y los de las partes no gubernamentales.

Además del general Montano, Benavidez y Mendoza, los salvadoreños sancionados por Estados Unidos son Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Francisco Elena Fuentes, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Carlos Camilo Hernández Barahona, Oscar Mariano Amaya Grimaldi, Antonio Ramiro Avalos Vargas, íngel Pérez Vásquez, y José Alberto Sierra Ascencio.

La UCA ha dado por cerrado el proceso contra los autores materiales de los crímenes, pero insiste en el esclarecimiento de la autoría intelectual.

Los jesuitas consideran que la responsabilidad de los asesinatos recae sobre un grupo de militares de alta graduación ahora retirados, fundamentalmente provenientes del grupo conocido como La Tandona, que ocuparon los altos cargos dentro de la fuerza armada durante la guerra civil que concluyó en enero de 1992.

Benavidez fue condenado a 30 años de prisión, de los que le resta cumplir 24. Los jesuitas pidieron oficialmente que se le conmute la pena, pero el gobierno no se ha pronunciado aún.

Benavides, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados del Batallón Atlácatl fueron procesados por la matanza, pero en 1991 un jurado absolvió a la mayoría de los acusados. Benavides y el teniente Yusshy Mendoza fueron condenados, pero luego quedaron en libertad gracias a una amnistía decretada por el gobierno del presidente Alfredo Cristiani (1989-1994) después de publicarse un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas que investigó y documentó la masacre.

En 2016 la amnistía fue declara inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, y Benavides regresó a la cárcel.

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Marcos Alemán reportó desde El Salvador