EEUU: Hondureño discapacitado sale de centro de detención

Un hondureño discapacitado que busca asilo fue puesto en libertad por las autoridades migratorias de Luisiana, dijo el jueves un colectivo de derechos civiles.

Un hondureño discapacitado que busca asilo fue puesto en libertad por las autoridades migratorias de Luisiana, dijo el jueves un colectivo de derechos civiles.

A Manuel Amaya Portillo, de 23 años, se le otorgó una libertad condicional humanitaria y podrá permanecer con un patrocinador en Nueva Jersey mientras se resuelve su caso de asilo, dijo la oficina en Luisiana de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés).

Amaya estaba recluido en Luisiana desde octubre después de que fuera detenido por no contar con permiso para estar en el país.

Amaya mide apenas 1,20 metros (4 pies), señaló la ACLU. Padece de una deformidad en una pierna y sufre problemas neurológicos y cardiacos. Busca asilo en Estados Unidos debido a que sufrió de persecución en Honduras por su incapacidad y deformaciones físicas, señaló la ACLU en un comunicado.

La ACLU dijo que las autoridades de inmigración no llevaron a Amaya a una instalación adecuada ni le brindaron tratamiento médico durante su reclusión, primero en un centro en Winnfield y después en Jena.

El sistema le falló desde el principio, dijo la semana pasada la abogada Eunice Cho en una entrevista.

En una carta dirigida la semana pasada a autoridades del Servicio de Control e Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), los abogados de la ACLU dijeron que Amaya no tuvo acceso a instalaciones para discapacitados y careció de una silla de ruedas en Winnfield. Le proporcionaron una en Jena pero le era imposible desplazarse en el dormitorio de detención y pasó dificultades para utilizar los baños, según la carta.

Esta es una buena noticia, pero no debemos perder de vista que miles de solicitantes de asilo más sufren condiciones brutales en centros de detención ubicados en lugares remotos del estado, y muchos son mantenidos en instalaciones de operadores privados, afirmó el jueves Katie Schwartzmann, directora jurídica de la oficina de la ACLU en Luisiana, en un comunicado.

Un funcionario del ICE en Oakdale, Luisiana, no respondió de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios.