México denuncia intimidación en sede diplomática boliviana

El gobierno mexicano denunció el lunes que 150 policías y miembros de la inteligencia boliviana rodearon la residencia oficial de México en La Paz en un acto calificado de intimidatorio y que inclu...

El gobierno mexicano denunció el lunes que 150 policías y miembros de la inteligencia boliviana rodearon la residencia oficial de México en La Paz en un acto calificado de intimidatorio y que incluyó un intento de detener e inspeccionar un vehículo de la embajadora María Teresa Mercado.

Según indicó el ejecutivo en sendas cartas dirigidas al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, México considera que tales acciones más que proteger, han intimidado y vigilado el interior de las instalaciones, así como al personal diplomático mexicano lo que contraviene el principio de inviolabilidad de las sedes diplomáticas establecido en la Convención de Viena.

El despliegue policial comenzó el sábado pasado y el intento de detener el vehículo de la embajadora ocurrió el lunes.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ofreció asilo al expresidente Evo Morales porque consideró que su vida estaba en peligro después de que las fuerzas armadas de Bolivia le presionaran para que dejara el poder tras semanas de protestas en su contra por un cuestionado conteo de las elecciones presidenciales del 20 de octubre.

Además, México acogió en su sede diplomática al menos a una treintena de personas que solicitaron refugio porque también se sentían perseguidos.

Morales renunció el 10 de noviembre, llegó a México dos días después y permaneció en el país un mes. Cuando tomó posesión el nuevo mandatario argentino, Alberto Fernández, se trasladó al país sudamericano tras hacer una parada en Cuba para una consulta médica.

Tanto México como Argentina calificaron lo sucedido en Bolivia como un golpe de Estado y dieron todo su respaldo al líder indígena.

Poco después de que Morales dejara Bolivia, Jeanine íñez se declaró presidenta interina hasta que se convoquen elecciones, un gobierno que ni México ni Argentina han avalado.