Indígenas bolivianos reclaman justicia en EEUU

Un matrimonio indígena aymara reclamó el martes a un tribunal de apelaciones de Miami que haga valer la decisión de un jurado y declare responsables al expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lo...

Un matrimonio indígena aymara reclamó el martes a un tribunal de apelaciones de Miami que haga valer la decisión de un jurado y declare responsables al expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y a uno de sus ministros por una serie de matanzas extrajudiciales durante protestas callejeras que hicieron caer a su gobierno en 2003.

Estamos buscando justicia, expresó Eloy Mamani, cuya hija de ocho años murió en su casa por el impacto de una bala que ingresó a través de una ventana. No vamos a descansar hasta las últimas consecuencias, dijo el hombre de 45 años al salir de una audiencia judicial.

En abril de 2018, tras casi un mes de juicio, un jurado del sur de la Florida declaró responsables a Sánchez de Lozada y a su ministro de Defensa, José Carlos Sánchez Berzaín, y les ordenó pagar diez millones de dólares en daños y perjuicios a los demandantes del caso judicial iniciado por familiares de algunas de las más de 60 personas muertas en la llamada Masacre de octubre.

Pero pocas semanas después, en mayo de 2018, un juez federal anuló ese fallo, lo que significó un revés para los indígenas que interpusieron la demanda civil contra los exfuncionarios, que viven en Estados Unidos desde que salieron de Bolivia en 2003.

El martes las partes volvieron a los tribunales, después de la apelación al fallo del juez presentada por las familias indígenas.

En la demanda, presentada en 2007, los Mamani y los familiares de otros siete bolivianos que murieron en las protestas alegan que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín planearon y ordenaron la ejecución de miles de civiles para aplastar a la oposición.

La defensa de los exfuncionarios asegura que la muerte de los civiles se debió a fuego cruzado entre militares y manifestantes, y que no fue intencional. Asegura que el gobierno respondía a una crisis de seguridad y el presidente pidió la intervención militar para devolver el orden y la seguridad callejera.

El proceso judicial pudo ventilarse en Estados Unidos bajo una ley que protege a las víctimas de torturas que permite demandas por matanzas extrajudiciales, aunque hayan sucedido en otros países.