El Salvador: dictan 2 años más de cárcel a expresidente Saca

El expresidente salvadoreño Tony Saca regresó el jueves a los tribunales para escuchar el fallo de una jueza que le impuso dos años de prisión por un caso de corrupción.

El expresidente salvadoreño Tony Saca regresó el jueves a los tribunales para escuchar el fallo de una jueza que le impuso dos años de prisión por un caso de corrupción.

Previamente, el exmandatario (2004-2009) se sometió a un proceso abreviado, lo que implica que confesó haber sobornado a una empleada judicial para que le filtrara información en un juicio civil en su contra.

El abogado Mario Machado, que defiende al exmandatario, intervino en favor de su cliente. El señor Saca ya tiene más de dos años de estar en detención provisional por este caso y la pena ya debería de estar cumplida, dijo. En respuesta, la jueza de San Salvador decidió que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria --y no ella-- determine si los dos años de cárcel contra el expresidente se suman a los que diez que ya cumple tras confesar, en 2018, que participó en una red de corrupción que se apropió dinero público.

La Fiscalía --que aceptó que Saca admitiera su responsabilidad en los cargos penales que se le imputaban-- procesó al expresidente por el delito de cohecho activo, que según el Código Penal ocurre cuando una persona ofrece o entrega a un funcionario o empleado público una dádiva o cualquier otra ventaja indebida para que ejecute un acto contrario a sus deberes oficiales o para que no realice o retarde un acto.

Según el juicio, el exmandatario ofreció un soborno de 10.000 dólares a íngela Iracema Avelar Salinas, empleada de la Cámara Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia.

Por su confesión, según el acuerdo con la Fiscalía, Saca sólo recibiría una pena de dos años de prisión. De no haberlo hecho, podría haber enfrentado una condena de seis a diez años, que se sumarían a los diez que ya está cumpliendo por los delitos de peculado y lavado de dinero.

También en un proceso abreviado, Avelar Salinas confesó en diciembre 2018 que aceptó un pago del expresidente Saca a cambio de proporcionar detalles del proceso civil.

El procedimiento abreviado es una figura procesal que consiste en la admisión de los hechos por parte del imputado, quien además otorga su consentimiento para poder prescindir de toda la formalidad del debate y dictarse sentencia de un modo simplificado.

Esta es la segunda vez que el expresidente admite que cometió delitos durante su administración. En agosto de 2018 admitió ante un tribunal que desvió más de 300 millones de dólares de fondos del Estado para favorecer a sus empresas y a terceras personas.

Saca, de 54 años, ya cumple una condena de diez años en el penal La Esperanza, en la periferia de San Salvador.

En el mismo caso --conocido como Transes--, la Fiscalía también está procesando al abogado Rafael Edgardo Calderón López, exjuez de Paz de San Francisco Menéndez, del departamento de Ahuachapán, al occidente del país, que formaba parte de una red que se dedicaba a sobornar a empleados del sistema judicial. Calderón López también se sometió a un proceso abreviado y se declaró culpable. Se le atribuye el delito de prevaricato, que consiste en asesorar a las partes en los casos para salir libres en diferentes procesos penales, por lo que recibía diferentes cantidades de dinero.

Saca es uno de los tres expresidente salvadoreños procesados por actos de corrupción.

Francisco Flores que gobernó el país de 1999 a 2004, postulado por la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) que también llevó al poder a Saca, murió el 30 de enero de 2016 cuando guardaba arresto domiciliario a la espera de acudir a la vista pública para ser juzgado por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y desobediencia de particulares.

Mauricio Funes, de 60 años, que llegó al poder postulado por el exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), es requerido por la justicia para que responda por cuatro procesos penales. Actualmente está asilado en Nicaragua.

En noviembre de 2017, cuando Funes ya estaba en el vecino país centroamericano, un tribunal condenó al exmandatario en un juicio civil por enriquecimiento ilícito, le ordenó devolver al Estado 409.145 dólares y lo inhabilitó para ocupar cargos públicos por diez años. En la misma resolución condenó a su hijo Carlos Mauricio Funes Velasco por el mismo delito.

La Corte Suprema de Justicia de El Salvador aprobó la solicitud de extradición del expresidente Funes.