Más de 1,500 inmigrantes son compensados luego de ser víctimas de fraude en Nueva York

  • Dos organizaciones les prometieron ayudarles a obtener sus tarjetas de residencia y la ciudadanía estadounidense.
  • Recibieron 1,502 dólares cada uno del total de 2,2 millones a repartir.
  • El dinero de la compensación es resultado de los activos que quedaban en las organizaciones, que fueron cerradas.

Más de 1,500 inmigrantes han sido compensados económicamente tras haber sido víctimas de dos organizaciones que les aseguraban que les ayudarían a obtener tarjetas de residencia y la ciudadanía estadounidense cuando en realidad no prestaban esos servicios y se quedaban con su dinero.

Hemos tomado un importante paso para que se haga justicia El New York Legal Assistance Group, la entidad que repartió los fondos, anunció el martes que la mayoría de inmigrantes recibieron 1,502 dólares cada uno del total de 2.2 millones a repartir entre todas las víctimas.

En julio del 2014 las autoridades del estado de Nueva York llegaron a un acuerdo judicial para recompensar a víctimas de fraude migratorio de las organizaciones Fundación Internacional de Inmigrantes y la Asociación Profesional Internacional, ambas con sede en la ciudad de Nueva York. El dinero de la compensación es resultado de los activos que quedaban en las dos organizaciones, que fueron cerradas.

"Hemos tomado un importante paso para que se haga justicia", dijo Beth Goldman, presidente del New York Legal Assistance Group. "Hemos enviado un mensaje claro de que el estado de Nueva York es un estado serio cuando se trata de luchar contra el fraude migratorio".

El New York Legal Assistance Group es una organización que se dedica a ofrecer servicios legales a personas de bajos ingresos.

El fiscal general del estado de Nueva York Eric Schneiderman demandó en 2010 a las dos organizaciones por engañar a inmigrantes, cobrar tarifas desorbitadas por sus servicios y violar las leyes de organizaciones sin ánimo de lucro.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, firmó una ley en agosto de 2014 que aumenta el precio de las multas a pagar por cometer fraude migratorio y que ofrece más protecciones a las víctimas de este delito, común entre poblaciones inmigrantes del estado.

El fraude migratorio cuenta desde entonces con cargos más específicos y prohíbe el uso de títulos que hagan pensar que un individuo está calificado para actuar como abogado de inmigración, cuando en realidad, no cuenta con esas credenciales.