Pena de muerte
Una camilla preparada para administrar la inyección letal. Archivo

La Corte Suprema indicó el viernes que revisará el método de ejecución por inyección letal en Oklahoma, un caso presentado por tres presos condenados a muerte que acusan al estado de violar la prohibición de la Constitución de Estados Unidos en un castigo cruel e inusual.

El alto tribunal, que la semana pasada permitió que se efectuara una ejecución en ese mismo estado, decidirá si el compuesto formado por tres tipos de droga que ahora emplean las prisiones viola la prohibición de la Constitución de aplicar castigos crueles.

El 15 de enero, el alto tribunal se negó a detener la ejecución de otro preso Oklahoma, Charles Warner El proceso de tres medicamentos utilizados por  los funcionarios de la prisión de Oklahoma para la ejecución de la pena de muerte ha sido ampliamente debatido desde que se produjo en abril la ejecución fallida de recluso Clayton Lockett, un asesino convicto.

El preso se retorció en la camilla después de que el personal de la cámara no puediese colocarse la inyección correctamente.

Los reclusos que desafían los procedimientos del Estado sostienen que el sedante utilizado en Oklahoma, midazolam, no es apto para las ejecuciones.

El 15 de enero, el alto tribunal se negó a detener la ejecución de otro preso Oklahoma, Charles Warner, que fue condenado por violar y asesinar a un bebé de 11 meses de edad. El tribunal se dividió 5-4; la jueza Sonia Sotomayor escribió un opinión disidente.

Aunque se necesitan cinco votos a conceder una solicitud de suspensión, sólo cuatro son necesarios para que el Tribunal asuma un caso.

La mayoría de los 32 estados donde está en vigor la pena de muerte en el país tiene problemas para conseguir los componentes con los que se fabricaban las inyecciones letales convencionales.

El ingrediente clave de la inyección, el pentobarbital, era proporcionado por la compañía farmacéutica danesa Lundbeck LLC, pero ésta se negó a continuar suministrando dosis a Estados Unidos debido a la oposición de la Unión Europea a la pena de muerte.

Ante esta situación, algunos prueban fórmulas alternativas de inyecciones y otros se han planteado el uso obligatorio de la silla eléctrica, en caso de que no se encuentren productos para inyecciones letales.