Justicia
Una mujer frente a los juzgados de Los Ángeles. AITANA VARGAS

John Ramírez apenas tenía siete años cuando, en un acto heroico, salió a socorrer a sus dos sobrinos en un accidente ferrovial ocurrido en Veracruz, México. A pesar de salvarles la vida, su valentía acabó costándole una pierna. Poco imaginaba este hombre de ahora 42 años que décadas más tarde, la falta de un miembro inferior le supondría una batalla legal contra el centro médico donde trabajó como técnico de laboratorio durante casi tres años.

La lucha arrancó hace más de una década cuando Ramírez era aún empleado de esa empresa clínica situada en Monterey Park, California. Ayudado por muletas, cada día trasladaba bandejas repletas de tubos con sangre de diversos pacientes por los pasillos del hospital. Pero el 27 de julio de 2003, días después de que demandara al centro y a la firma a la que éste pertenecía, por la discriminación que Ramírez sufría como resultado de su incapacidad física, le pusieron en la calle.

"Todo comenzó porque me decían que no podía usar las muletas", relata este mexicano desde su hogar familiar en Fontana, California.

No firmé el contrato de arbitraje y aún así no pude ir a la corteLos comentarios de algunos compañeros, a quienes les incomodaba ver a Ramírez trabajar sin prótesis, fueron haciendo mella en el empleado, que hasta en diez ocasiones trasladó sus quejas sobre esta situación al departamento de recursos humanos. El trabajador, sin embargo, jamás obtuvo el respaldo del centro médico para que su puesto laboral fuera adaptado a su minusvalía. Estos hechos fueron reflejados en uno de los documentos que fue presentado por la acusación durante el proceso legal.

Sin embargo, el conmovedor relato y las acusaciones de Ramírez nunca llegaron a oídos de un jurado ni de un juez. La demanda desembocó en un proceso opaco conocido como arbitraje y duramente criticado por los abogados que representan a la fuerza laboral.

"No firmé el contrato de arbitraje y aún así no pude ir a la corte", denuncia un Ramírez a quien le sorprendió descubrir que su relación laboral y su futuro jurídico se regían por una cláusula arbitral de la que nunca antes había oído hablar.

Arbitraje como condición

Según detalla su abogado, Jeffrey Rager, los tribunales permiten a las compañías imponer el arbitraje como condición de empleo, algo que en caso de una posterior demanda laboral, compromete gravemente la defensa porque veta el acceso al sistema judicial tradicional. Además, el letrado cuestiona y critica duramente la parcialidad del árbitro puesto que éste es generalmente "contratado en sucesivos conflictos con otros empleados".

La imposición del arbitraje veta al trabajador el acceso al sistema judicial tradicionalLos temores de Ramírez y Rager finalmente se materializaron: un árbitro pagado por el centro médico le dejó con las manos vacías y sin la justicia que ellos exigían. Tampoco les dieron explicaciones. La derrota fue un revés legal para un empleado que, todavía hoy, se pregunta qué más podía haber hecho.

Se estima que más de 36 millones de empleados (más del 25% de la fuerza laboral estadounidense no sindicalizada) están supeditados a contratos arbitrales obligatorios, datos preocupantes ante el vacío informativo que empleados y consumidores sufren sobre un proceso poco transparente y cuestionablemente justo. Y aunque un abogado acuda a una corte para exigir la anulación de dicho contrato y el inicio de un juicio público, los jueces optan por derivar los casos a arbitraje para así descongestionar el sistema judicial.

Descongestionar las cortes

En marzo de 2001, la Corte Suprema de Estados Unidos ratificó que las compañías pueden obligar al trabajador a renunciar a su derecho a juicio para acceder a un puesto laboral. La sentencia fue vitoreada y recibida con gran clamor por el mundo corporativo.

El arbitraje es un sistema eficiente para resolver disputas laborales sin congestionar el sistema judicialSherman Joyce, presidente de la Asociación Americana para la Reforma de Leyes de Responsabilidad Civil (American TORT Reform Association), aseguró que "esta es una victoria importante. El arbitraje es un sistema justo, eficiente para resolver disputas laborales sin congestionar el sistema judicial con casos que no tienen mérito".

Desafiando la interpretación popular, el arbitraje ni es una mediación ni una negociación. Este método sustituye jueces, jurados y juicios por árbitros con autoridad plena para dictar una sentencia firme sobre el conflicto laboral sin basarse en la legislación existente. La disputa se traslada a una sala privada, alejada de los temidos tribunales, haciendo que la sentencia ni trascienda a la esfera pública, ni sirva para sentar jurisprudencia.

"No se pueden revelar al público detalles sobre el proceso de arbitraje", comenta Ragers. Pero "además las compañías están obligando a los trabajadores a firmar también cláusulas de confidencialidad". Es así como "la injusticia permanece encubierta", remata.

El arbitraje carece de la formalidad de un juicio y restringe el intercambio de pruebas entre ambas partes, limitando también los interrogatorios a testigos y prometiendo un veredicto express, es decir, en un periodo significativamente más corto que el de un juicio. Un argumento, no obstante, bastante cuestionado en la práctica por los expertos.

Trabajo lucrativo

Estas limitaciones perjudican considerablemente al trabajador en demandas por discriminación porque, según precisa Ragers, demostrar este cargo requiere acceder al historial de discriminación de la compañía y a pruebas circunstanciales. "Pero si no hay rastro de dichos casos porque las demandas están blindadas al público, ¿cómo se accede a estas pruebas?"

Muchos jueces retirados se meten en arbitraje porque es bastante lucrativoLos árbitros, en su mayoría jueces retirados o incluso abogados laborales pagados por las corporaciones, no tienen que citar ni argumentar la base legal utilizada para justificar su fallo. Sólo tienen que dictarlo.

"Muchos jueces retirados se meten en arbitraje porque es bastante lucrativo. Se les paga por hora y son elegidos por las partes implicadas", comenta Michael Kushner, abogado con oficina en el Condado de Orange. "Un trabajador raramente va a estar delante de un mismo árbitro más de una vez en su vida. Las corporaciones, sin embargo, especialmente las más grandes, pueden tener docenas de casos que van a arbitraje".

Con un salario que puede variar entre los 350 y 675 dólares por hora trabajada, los árbitros pueden obtener unos 45,000 dólares por presidir un solo caso y dedicarle aproximadamente 80 horas de su tiempo, según cálculos basados en datos facilitados por ADR Solutions. En un país como Estados Unidos donde el sueldo medio anual es poco más de 51,000 dólares, los 45,000 que un árbitro puede obtener ilustran el enorme beneficio económico que esta industria privada de 'resolución de conflictos' genera.

Conflicto de intereses

El conflicto de intereses nacido del pago a un árbitro por parte del acusado es precisamente lo que el abogado de Ramírez denunció cuando el árbitro falló a favor de la empresa.

Un 82.2% de los empleados recibe fallos arbitrales desfavorables en querellas por discriminaciónPensó que este argumento bastaría para que un juez anulara la sentencia arbitral y se iniciara así un juicio imparcial. Lo que recibieron cliente y letrado, sin embargo, fue una bofetada legal. El juez denegó la petición porque la sentencia arbitral, exceptuando casos muy puntuales, es inapelable, sea justa o no. Fue así como la conmovedora historia de Ramírez jamás fue escuchada por un jurado.

Y fue así también como el caso de este mexicano quedó reducido a una estadística más: según un estudio de Alexander Colvin y Kelly Pike de la Universidad de Cornell, un 82.2% de empleados recibe fallos arbitrales desfavorables en querellas por discriminación.Esta cifra es superior al 63.6% y el 43% de los casos que pierden los trabajadores en tribunales federales y estatales, respectivamente.

El estudio, realizado a partir de sentencias dictadas por árbitros de la Asociación Arbitral Americana (AAA), también indica que cuando los empleados salen ganadores, las compensaciones económicas que reciben en arbitraje son significativamente inferiores a las concedidas por jurados populares y jueces.

Pero además, en el gremio legal predomina la idea de que los árbitros tienden a otorgar indemnizaciones entorno al 50% de lo que solicita la acusación. Esta práctica, conocida como split the baby, garantiza que el árbitro no se ponga en contra a ninguna de las dos partes y pueda así ser recontratado en futuros conflictos.

20minutos trató de obtener la postura de AAA sobre los datos reflejados en este estudio pero, a fecha de esta publicación, no se ha pronunciado al respecto.

Prohibir el arbitraje

Desde la Asociación Americana para la Reforma de Leyes de Responsabilidad Civil, su portavoz, Darren McKinne, le restó valor a las preocupaciones de las víctimas en relación a la parcialidad arbitral. "Muchos trabajadores que perdieron los casos de arbitraje alegarían ese argumento [conflicto de intereses], por supuesto. Y es responsabilidad de quienes dan estos argumentos el aportar evidencias empíricas".

Hay un proyecto de ley para permitir el arbitraje solo si el trabajador lo eligeHace varios años, un Ramírez derrotado e indignado se sumó a un grupo de trabajadores y consumidores para llevar sus quejas ante los representantes políticos en el Capitolio. "No hemos logrado nada", se lamenta este mexicano capitalino.

La causa, abanderada también por Public Citizen, una organización sin ánimo de lucro situada en Washington D.C., logró movilizar a más de 300.000 personas para exigir al Congreso la prohibición del arbitraje laboral obligatorio.

Christine Hines, abogada en derecho civil para esta organización, asegura que todas las esperanzas están ahora puestas en la Ley de Equidad de Arbitraje de 2013 (The Arbitration Fairness Act of 2013). De aprobarse, la ley sólo permitiría el arbitraje si el trabajador, de forma voluntaria y consciente, elige este método para resolver el conflicto después de que éste haya surgido. Pero según prevé Hines, "la actual nube política hará inviable que se apruebe".

"AFA no ha sido considerada por ningún comité del Congreso o del Senado, y es improbable que reciba consideración en la sesión del Congreso que está a punto de terminar".

Esta iniciativa federal cuenta además con el importante apoyo de NELA, la Asociación Nacional de Abogados Laborales. Y es que, según aclara Hines, "los estados no pueden prohibir o limitar el arbitraje, sólo el Congreso puede hacerlo".

"Evitar demandas frívolas"

La Ley de Equidad, sin embargo, no está secundada por todos en el mundo legal.

Sólo un 6% de los casos por discriminación laboral prosperan en el sistema judicial tradicional"Si el trabajador y el empleador acuerdan ir a arbitraje antes de que la disputa surja, deberían poder hacerlo", sostiene el letrado Michael Kushner, que se declara en contra del arbitraje obligatorio y que además insta al trabajador "a responsabilizarse de sus decisiones".

Para Robert Carrol, abogado y redactor de cláusulas arbitrales, este método previene el abuso del sistema judicial por parte de los trabajadores: "así se evitan las demandas frívolas", asegura.

Este argumento, no obstante, pierde fuerza a la luz de los datos estadísticos: sólo un 6% de los casos por discriminación laboral prosperan en el sistema judicial tradicional y logran ser escuchados por un jurado federal. De este 6%, tan solo un tercio obtiene un fallo favorable al trabajador. Así lo confirma un estudio del Colegio Americano de Abogados.

No obstante, desde su despacho en California, Carrol recomienda una solución "más pragmática" al conflicto entre trabajador y compañía, de tal manera que resuelvan sus diferencias por medio de la mediación, una negociación que a priori no acarrearía los gastos potencialmente millonarios de una demanda, ni supondría un desgaste emocional prolongado para las partes afectadas.

McKinne, de la Asociación Americana para la Reforma de Leyes de Responsabilidad Civil y defensor acérrimo del arbitraje, insiste en que "cuantas más demandas haya, más abogados [acusadores] más ricos habrá".

Orden de Obama

En julio pasado, el presidente estadounidense Barack Obama firmó una orden ejecutiva que obliga a las compañías que reciban contratos federales por encima del millón de dólares: no podrán obligar a sus empleados a firmar cláusulas arbitrales para resolver querellas por acoso laboral, acoso sexual y discriminación.

Las compañías han creado su propio sistema de justicia privado en la letra pequeñaLa medida supone un avance en la ardua batalla emprendida por los detractores del arbitraje, como Christine Hines, quien advierte que "las compañías han creado su propio sistema de justicia privado en la letra pequeña". Por ello, aconseja leer detenidamente los documentos que se firman en busca de términos como "arbitraje vinculante obligatorio", "arbitraje obligatorio" o incluso "mecanismo de resolución de disputas". "Traten de negociar su eliminación", apuntilla.

Para Public Citizen, la historia de Ramírez debería servir para generar conciencia social sobre la erosión de derechos constitucionales que está sufriendo la fuerza laboral a manos del mundo corporativo. Pero la realidad es que la problemática del arbitraje, lejos de limitarse exclusivamente al mundo laboral, es una práctica impuesta también a consumidores y pacientes de centros médicos.

Arbitraje a consumidores

Según la Asociación Nacional de Ayuda al Consumidor (NACA por sus siglas en inglés), el "arbitraje obligatorio aparece cada vez con mayor frecuencia en los términos contractuales y acuerdos que rigen las relaciones laborales, seguros, construcción de viviendas, préstamos de coches y alquileres, tarjetas de crédito, cuentas de jubilación, cuentas de inversión y residencias de ancianos".

En la calle, el desconocimiento es el peor enemigo del trabajador, del consumidor y del paciente.

"Sí  sé  lo que es arbitraje". "Lo del baloncesto y el fútbol, ¿no?",asegura Cecilio Dehesa en una calle del centro financiero de Los Ángeles. Este mexicano que se autoproclama hombre de negocios, desconoce el sistema judicial y arbitral estadounidense, y lejos de ser un caso aislado, representa al grueso de la población.

Ahora cuente y confiese, ¿cuántas veces ha renunciado a sus derechos fundamentales sin saberlo?