El Salvador: requerimiento penal contra ex contralor

La fiscalía general salvadoreña presentó el jueves un requerimiento penal ante un juez contra el expresidente de la Corte de Cuentas, Rafael Hernán Contreras, a fin de que sea procesado por...

La fiscalía general salvadoreña presentó el jueves un requerimiento penal ante un juez contra el expresidente de la Corte de Cuentas, Rafael Hernán Contreras, a fin de que sea procesado por supuestamente manipular las auditorías de los gastos reservados de la presidencia durante la administración del exmandatario Tony Saca.

La medida busca que Contreras sea procesado por los delitos de incumplimiento de deberes y falsedad documental agravada, en la modalidad de falsedad ideológica, según el ente de investigación. De ser encontrado culpable Contreras podría recibir penas de hasta 14 años de prisión, de acuerdo a la ley salvadoreña.

El director Contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público, Germán Arriaza, explicó que Contreras dirigió la corte entre 2002 y 2011 cuando se hizo la auditoria de los gastos reservados de la administración de Saca. Dijo que también ordenó que la auditoría se hiciera en un lugar que no correspondía.

Pero lo más grave, según el fiscal Arriaza, “es cuando ordena que en los mismos análisis se insertara información falsa en la que se hacía ver que los auditores habían contrastado la información pertinente”, sin verificar registros, facturas y todos los documentos necesarios para establecer en qué se había utilizado el dinero.

Saca, de 54 años y que gobernó El Salvador de 2004 a 2009, ya cumple una condena de diez años en el penal La Esperanza, en la periferia de San Salvador, por el desvío de más de 300 millones de dólares de las arcas del Estado para favorecer a sus empresas y a terceros.

El exmandatario y cinco de sus viejos colaboradores se declararon culpables durante el juicio para obtener una condena menor.

Saca también enfrenta otro proceso junto a otras 14 personas que supuestamente formaban parte de una red que se dedicaba a sobornar a empleados del sistema judicial a fin de obtener información de procesos y de esa forma favorecer a imputados.

El exmandatario está acusado de sobornar a Ángela Avelar Salinas, empleada de la Cámara Primera de lo Civil, quien supuestamente filtraba información vinculada con un proceso civil en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito. La pena de cárcel es de seis a diez años de prisión, pero al someterse al proceso abreviado y según el acuerdo, recibiría una condena de dos años de prisión que serían sustituidos por trabajos de utilidad pública.