Un grupo de empleados públicos pensionados que confrontó al gobierno de Puerto Rico alcanzó un acuerdo con la junta de control que supervisa las finanzas de la isla y que trata de reestructurar más de 50.000 millones de dólares en pasivos de jubilación, informaron las autoridades el miércoles.

El acuerdo anunciado molestó al gobierno de la isla, que insiste en recortar el sistema de pensión pública en medio de una recesión de 13 años.

El acuerdo todavía deberá ser aprobado por los acreedores y luego por un juez que supervisa un proceso parecido a la bancarrota para el gobierno de Puerto Rico. De ser aprobado, protegería a más del 60% de los jubilados ante cualquier recorte, de acuerdo con el grupo de pensionados. Agregaron que el acuerdo limitaría las reducciones a las pensiones a un máximo de 8,5% a quienes perciban 1.200 dólares mensuales o más en prestaciones de retiro, en comparación al recorte máximo de 25% que quería la junta. Lo más pronto que comenzarían los recortes sería en julio de 2020.

Los recortes de pensiones han sido un tema polémico ahora que Puerto Rico trata de reestructurar una porción de su deuda pública de más de 70.000 millones de dólares mientras la junta impone varias medidas de austeridad.

"Décadas de mal manejo financiero, poco fondos y hacer préstamos de los fondos asignados para las pensiones dejaron a los sistemas de retiro del gobierno central, maestros y jueces prácticamente sin dinero" dijo la junta en un comunicado.

La junta agregó que el acuerdo permitiría parcialmente que los funcionarios asignen superávits de corto plazo acumulados en un fondo de reserva para garantizar el pago de futuras obligaciones de pensión.

Christian Sobrino, representante del gobierno en la junta, rechazó el acuerdo y dijo que esto significaba una reducción en las pensiones para más de 65.000 jubilados. "Esto, simplemente, no es aceptable en nuestro gobierno", dijo.

Sin embargo, Miguel Fabre, exjuez y presidente del grupo de pensionados, dijo que si bien ellos hubieran preferido que no hubiera ningún recorte, el acuerdo logrado era la mejor opción.

"Creemos que la junta hubiera procurado recortes mucho peores en el proceso de bancarrota y que ignorar esa realidad hubiera sido irresponsable de nuestra parte y fatal para nuestra comunidad de retirados", puntualizó.

El economista puertorriqueño José Caraballo exaltó el acuerdo, aunque notó que los recortes para quienes reciben 1.200 dólares o más al mes en pensión deberían de ser reducidos para que los que ganan menos no sean afectados desproporcionadamente.

Caraballo dijo en una entrevista telefónica que no le sorprendió que el grupo de empleados públicos pensionados acudió a la junta en busca de un acuerdo, en vez de depender y esperar al gobierno de la isla.

"Están tratando de posicionarse primeros en esa fila", dijo Caraballo. "La realidad es que la última palabra en términos fiscales la tiene la junta".