No lleva ni cinco meses de su mandato de cuatro años, pero el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está teniendo tantos problemas para aprobar medidas pese a su gran victoria electoral que muchos de los defensores más acérrimos del líder de ultraderecha sintieron la necesidad de salir a la calle a expresarle su apoyo.

Las marchas del domingo en 100 ciudades intentaban responder a las grandes protestas del 15 de mayo contra el plan de Bolsonaro de hacer grandes recortes en el gasto público en educación, un área que considera politizada y mal gestionada.

Mientras crece la presión para poner una solución al enorme déficit presupuestario del país y al mal desempeño de la economía más grande de América Latina, las marchas rivales reflejan los problemas de Bolsonaro: índices de aprobación en declive, una moneda en problemas, luchas internas en su gobierno y ataques incluso de otros conservadores.

Aunque su cargo no corre peligro inmediato, los últimos años de política brasileña están salpicados de advertencias para el presidente.

La indignación por el mayor escándalo de corrupción en la historia de América Latina, la angustia por una economía que no termina de recuperarse de la recesión y una larga lista de quejas han hecho de Brasil un entorno hostil para los políticos. Solo hay que comprobar qué fue de los últimos tres presidentes: Dilma Roussef fue impugnada y destituida en 2016 por gestión ilícita del presupuesto federal. Su predecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, comenzó el año pasado una pena de prisión de 12 años por corrupción. Y el hombre al que sucedió Bolsonaro, Michel Temer, ha sido arrestado dos veces este año y afronta varias acusaciones de sobornos.

Las tres situaciones son diferentes, por supuesto, y Bolsonaro no está acusado de corrupción, aunque sí su hijo, que es senador federal. El elemento común es que en el Brasil de hoy no hay nadie intocable.

Si el gobierno de Bolsonaro está magullado es en gran parte por su culpa. El mandatario hizo campaña sobre la necesidad de recortar el sobrecargado sistema nacional de pensiones y de combatir el auge de violencia y delincuencia. Sin embargo, en lugar de formar coaliciones para aprobar grandes reformas ha dedicado buena parte de su capital político inicial a la llamada guerra cultural, por ejemplo criticando a la prensa y ampliando los derechos de armas, algo a lo que se opone la mayoría de los brasileños, según los sondeos.

En lugar de trabajar con el Congreso en la capital, Brasilia, el exlegislador ha viajado a Chile, Israel y Suiza y ha ido dos veces a Estados Unidos.

La lista de intervenciones provocadoras e innecesarias de Bolsonaro ya es muy larga: tuiteó un video de un hombre orinando sobre la cabeza de otro para advertir contra el libertinaje durante el Carnaval, compartió noticias falsas sobre reporteros, declaró que no debía permitirse que Brasil se convirtiera en “un paraíso homosexual” e insultó a menudo a otros políticos, incluidos supuestos aliados.

Tampoco ha hecho gran cosa para evitar ataques en medios sociales de sus hijos políticos contra líderes militares como el vicepresidente, el exgeneral Hamilton Mourão.

Las luchas internas y las salidas de tono hicieron que Janina Paschoal, una legisladora del Partido Social Liberal de Bolsonaro y que fue considerada como vicepresidenta, saliera a hacer campaña abiertamente contra las marchas del domingo.

“¡Despierten! Si las calles están vacías el 26, Bolsonaro se dará cuenta de que tendrá que dejar de provocar dramas y ponerse a trabajar”, escribió en Twitter.

Bolsonaro ha recibido recomendaciones similares de Rodrigo Maia, que como presidente de la cámara baja del Congreso es un aliado clave para avanzar en los planes legislativos del presidente. Maia dijo en marzo que la polémica reforma de las pensiones no lograría aprobarse si Bolsonaro no trabajaba para convencer a los parlamentarios, unas declaraciones que hicieron temblar los mercados.

En una serie de inusuales reproches públicos, Maia criticó a Bolsonaro por pasar tanto tiempo en Twitter y tan poco en el Congreso. Bolsonaro restó importancia a las quejas de Maia.

El presidente y muchos de sus defensores más fieles afirman que el gobierno tiene problemas porque se niega a hacer negocios como de costumbre, por ejemplo cambiando cargos oficiales o la adjudicación de obras públicas por votos en leyes importantes. Las manifestaciones del viernes eran “un mensaje” a “los que se aferran a las formas de antes”, dijo Bolsonaro tras participar en un servicio religioso en Río de Janeiro.

Aun así, está perdiendo popularidad. Varios sondeos señalan que su tasa de aprobación ha caído unos 15 puntos desde que asumió el cargo, y ahora ronda el 34%. El real brasileño ha caído con fuerza frente al dólar estadounidenses en los últimos meses entre temores de que las grandes reformas económicas estén en riesgo, el desempleo ha subido a casi el 13% y Paulo Guedes, ministro de Finanzas educado en la Universidad de Chicago y que fue clave en la victoria electoral de Bolsonaro, ha dicho que no seguirá si no se aprueba la reforma de las pensiones.

Nada de eso es un obstáculo insuperable. El divisivo proceso de impugnación contra Rousseff; seguido del gobierno propenso a los escándalos de Temer, el presidente más impopular en la historia moderna de Brasil, y el encarcelamiento de Lula han dejado a muchos brasileños hartos de luchas. Independientemente de su tendencia política, quieren que la economía mejore, sentirse más seguros en las calles y vivir bajo un gobierno funcional.

Bolsonaro tendrá que reunir a grupos dispares en uno de los países más diversos del mundo, incluidos los que claramente están en su contra. La cuestión es si puede hacerlo o si seguirá consumido por peleas infantiles y ajustes de cuentas.

___

Peter Prengaman es jefe de la oficina de Brasil desde 2016. Está en Twitter como: twitter.com/peterprengaman