¿Por qué Obama no logra fondos para la crisis fronteriza y cómo afecta a los niños migrantes?

  • Los republicanos condicionan la aprobación de más recursos económicos a que se modifique la ley migratoria de 2008.
  • Los cambios permitirían la deportación inmediata de los centroamericanos.
  • Estos menores tienen derecho a demostrar ante un juez que sienten "un miedo creíble a perder su vida" si regresan.
  • La mitad de los niños enfrentan solos su juicio por deportación ante la ausencia de abogados públicos voluntarios.
  • Los tribunales migratorios del país gestionan el mayor retraso de su historia.

La llegada de 57,000 menores centroamericanos solos e indocumentadosa través de la frontera con México desde octubre de 2013 ha hecho saltar las alarmas en Washington y ha desplazado a una segunda línea el debate sobre la reforma migratoriaen un limbo político desde hace más de un año—.

Sin una solución efectiva sobre la mesa, el Gobierno de Barack Obama lleva semanas hablando de "crisis humanitaria" en la frontera mientras se ve desbordado por la ausencia de abogados públicos que defiendan a los menores, la falta de espacio para acoger a los niños y los colapsos en los juzgados migratorios. De momento, las diferentes propuestas para una solución de raíz son papel mojado y el Ejecutivo parece estar empeñado en encontrar una vía legal para deportarlos rápidamente.

A petición de los principales países de origen de los niños, el pasado viernes 25 de julio el mandatario estadounidense se reunió en la Casa Blanca con los presidentes de Guatemala, El Salvador y Hondurascon el ánimo de reflexionar sobre las posibles formas de atajar la complicada situación.

Casi la mitad de los menores que enfrentan juicios por deportación acuden solos ante el juez de inmigración Dado que, entre otros factores, los niños huyen de la violencia y la muerte en sus países de origen, los mandatarios convinieron en que es preciso "acelerar el desarrollo, el crecimiento económico y las mejoras en seguridad en Centroamérica" para disuadir a los menores de emprender solos el peligroso viaje clandestino al norte.

Con esto, Estados Unidos reiteró su intención de incrementar la ayuda económica destinada al crecimiento en el llamado Triángulo Norte centroamericano, "empezando por los 300 millones de dólares" incluidos en la petición de fondos de emergencia que Obama remitió al Congreso hace días, una cifra que asciende a 3,700 millones de dólares.

De aprobarse, los fondos estarían destinados entre otras cosas a la apertura de más albergues para alojar temporalmente a los menores, contratar más jueces de inmigración, abogados y personal para procesar las peticiones de asilo y brindar la mencionada asistencia económica a El Salvador, Honduras y Guatemala. Sin embargo, la Cámara de Representantes no se lo está poniendo nada fácil a Obama, quien de momento sólo ha recibido negativas tras haber solicitado más dinero público para el asunto.

Una compleja ley que no vela por los niños

Por su parte, asociaciones en defensa de los derechos de los inmigrantes y abogados expertos en inmigración ponen el grito en el cielo y recuerdan que, mientras el Gobierno gestiona con los recursos actuales, cientos de menores se enfrentan cada días solos a una compleja ley que no vela por ellos en la mayoría de los casos.

La justicia sólo permitió quedarse en el país a uno de cada diez menores sin abogado Los letrados coinciden en afirmar que la legislación migratoria norteamericana es una de las más complejas del país. "Sin una defensa profesional no saben cómo hacer el proceso, ya que conocer los laberintos de la legalidad y sus plazos es casi un imposible sin la ayuda de un abogado, a ser posible experto en inmigración", explica a 20minutosEric Husby, abogado especializado en inmigración que trabaja principalmente con latinoamericanos en la ciudad de San Francisco.

Pese a esto, las estadísticas gubernamentales más recientes revelan que casi la mitad(48%) de los niños que se presentan en la Corte de Inmigración para determinarsi deben serenviados de vuelta asus países tienen que hacerlo completamente solos sinla ayudadeun abogado. Lógicamente, contar con una defensa profesional define en gran medida sus posibilidades de evitar la deportación.

Las cifras recopiladas por el centro de estudios Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Siracusa, a partir de los datos de la Oficina Ejecutivapara la Revisión de Inmigración(EOIR por sus siglas en inglés), muestran que en cinco de cada diezcasos, cuando losniños fueronrepresentados porun abogado, eljuez de inmigraciónno ordenósu deportación. Por el contrario, la justicia sólo permitió quedarse en el país a uno de cada diez menores sin defensa.

"No hay suficientes abogados voluntarios"

"No tiene nada que ver con la edad, es para todos igual", dice Eric Husby, la ley migratoria en Estados Unidos no garantiza el derecho a tener un abogado público a los inmigrantes, por lo que la mayoría de los menores indocumentados se dirigen solos al juez.

Conocer los laberintos de la legalidad y sus plazos es casi un imposible sin la ayuda de un abogado experto en inmigración "A veces en las cortes hay un abogado que está allí para dar consejo, asesorar o recomendar al inmigrante, pero no le va a acompañar durante todo el proceso judicial de la deportación sin cobrar por sus servicios. Es un problema que tenemos, no hay un sistema estatal de abogados pro-bono (voluntarios)", cuenta Husby a 20minutos.

En una primera audiencia, explica Husby, "el niño se presenta en la corte de migración donde el juez le dice todos los cargos por los que se le imputa, después le pregunta si tiene miedo de regresar a su país y si tiene un abogado. Aunque no es obligatorio contar con una defensa, la mayoría de los jueces dan a los inmigrantes hasta tres oportunidades para conseguirla".

Sin embargo, son poquísimas las familias de los niños en EU conlos recursos económicos paracontratar a un abogado que lleve su caso ante la Corte de Inmigración, por no hablar de la barrera del idioma, ya que la mayoría de los menores no acompañados que llegan al país no hablan inglés.

Algunas ciudades del país tienen asociaciones que cuentan con abogados voluntarios que les representan de forma gratuita como KIND (Kids in need of defense), una de las más importantes de Estados Unidos. "Hacen un buen trabajo pero no alcanza, no hay suficientes abogados voluntarios, así que no pueden representar a todos los inmigrantes". Husby apunta a un problema de dinero en las organizaciones sin ánimo de lucro. "Como no se puede defender a todos, se hace un estudio de las posibilidades legales caso a caso, menor por menor, y sólo ayudan a algunos, así que muchos inmigrantes se presentan completamente solos ante el juez".

Los tribunales migratorios, desbordados

Que se haya disparado el número de menores que intentan cruzar sin papeles ha multiplicado el número de personas que precisan defensa, explica Husby. Las cifras que publica el centro de estudios TRAC corroboran su afirmación. De hecho, la cifra de casos pendientes que se acumulan en los tribunales de inmigración alcanzó su máximo histórico en el mes de junio, al llegar a los 375,503.

Muchas veces sólo depende de quién sea el juez

California, Texas, Nueva York y Florida son los tribunales con más trabajo acumulado, y los tiempos de espera también se han ampliado: ahora la media es de 587 días, más de año y medio, lo que en consecuencia afecta la velocidad con la que se resuelven las audiencias en las que el juez decide si el individuo debe ser deportado.

"En el despacho lo hemos notado, claro, porque ahora es mucho más común que antes. En los últimos seis meses hemos tenido al menos casos de veinte menores pidiendo una cita para saber qué pueden hacer. Llaman sus familias angustiadas", cuenta Husby, antes de matizar que lamentablemente, se dan casos judiciales en los que "incluso cumpliendo los factores para lograr el asilo y con la defensa de un buen abogado, la Corte decide no aprobar el caso y deportar al menor, ya que muchas veces solo depende de quién sea el juez, y ahí sí que no se puede hacer nada".

La opción del asilo humanitario: el miedo a regresar

El letrado con sede en California, señala que la gran mayoría de los menores que están llegando indocumentados desde Centroamérica por primera vez se acogen a la opción legal del asilo humanitario para poder luchar en la Corte el derecho a permanecer, es decir, alegan un "temor real a perder su vida" si son deportados.

La justicia estadounidense necesita reconocer con urgencia que estos menores corren peligro si son deportados Para pedir el asilo, estos jóvenes necesitan indicar al juez que han sufrido a causa de pertenecer a una determinada raza, religión o grupo político, o bienque son miembros de un grupo social especial en su país y que debido a esto han sido víctimas de la extorsión o serán torturados si regresan.

"Le dicen al juez que tienen miedo de ser víctimas de la extorsión y la violencia de las pandillas, ellos o sus familias, y alegan que son parte de un grupo social especial en su país de origen, que es lo que se expone cuando se aspira a conseguir el asilo político en EU", detalla Husby.

En el caso de los menores que llegan desde El Salvador, por ejemplo, "ser parte de un grupo social especial es que están solos allá al no tener a los papás con ellos (sino emigrados en Estados Unidos), ser varones, jóvenes y vivir en una zona pobre y controlada por las pandillas, donde las amenazas de muerte y la extorsión son constantes. Muchos viven con la pesadilla de que o se unen a las pandillas o les matan. Las pandillas incluso saben qué menores en concreto son los que tienen a sus padres viviendo en norteamérica y les amenazan", según el abogado.

Husby explica que estas circunstancias en el país de origen de los menores deberían convertirles a ojos de la justicia norteamericana en miembros de un grupo social especial. "El problema es que hasta ahora los jueces están diciendo que esto no es suficiente para indicar que los menores pertenecen a un grupo social vulnerable y concederles el asilo, ya que este es el día a día para casi todos los jóvenes de El Salvador", así que ellos no son especiales por vivir expuestos a la violencia. "La justicia estadounidense necesita reconocer con urgencia que estos menores en realidad están en peligro si regresan", resume.

La ley de 2008, moneda de cambio republicana

Así, a la falta de espacios para acoger a los menores, se suma no sólo la carencia de abogados públicos que les aseguren un proceso judicial equitativo sino un histórico retraso administrativo en los tribunales migratorios, irregularidades que no hacen sino evidenciar la incapacidad de la Administración Obama para hacer frente a la crisis.

Los republicanos condicionan la aprobación de la ayuda económica que necesita Washington a cambios legales que permitan acelerar las deportaciones En el partido republicano han sido claros con el Gobierno: "No daremos un cheque en blanco al presidente para afrontar la crisis migratoria en la frontera", respondía el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, en alusión a la petición de Obama al Congreso de 3,700 millones de dólares para atender a los niños y niñas que huyen de sus países. En lo que los conservadores sí respaldan al presidente es en la polémica propuesta de modificar la Ley contra el tráfico de personas —firmada en 2008 por George W. Bush— que garantiza a los menores inmigrantes que lleguen solos desde Centroamérica una audiencia ante un juez de inmigración.

Cambiar esta norma implicaría acelerar las deportaciones, y permitiría que los menores hondureños, salvadoreños y guatemaltecos pudieran ser repatriados con la misma rapidez que los procedentes de México y Canadá —a través de expulsiones inmediatas—, con independencia de que las fronteras de sus países de origen no sean contiguas con Estados Unidos.

Conscientes de la encrucijada en la que se encuentra Obama, los republicanos han cerrado filas en torno a cualquier negociación y condicionan la aprobación de la ayuda económica que necesita Washington a cambios legales que permitan acelerar las deportaciones.

"Esta ley se aprobó por una razón"

La propuesta legal ha levantado ampollas entre muchos demócratas, entre ellos el senador de origen latino Robert Menéndez, presidente del Comité de Exteriores del Senado, y uno de los legisladores más implicados en los planes para una reforma migratoria integral, quien rechazó categóricamente que se modifique la ley para acelerar las deportacionessin otorgar a los menores el derecho al debido proceso judicial.

Llegan tan traumatizados a la frontera que apenas son capaces de vocalizar lo que les está pasando"Hay una razón por la cual se aprobó esta ley. Fue aprobada para indicar que en las naciones no contiguas, si usted está huyendo a lo largo de 2,000 millas puede haber una mayor probabilidad de que esté ante un caso real de obtención de asilo, porque tiene un miedo creíble a perder su vida. Si las bandas te dijeron únete o muere; si te violaron, si huyes para no experimentar jamás ese conjunto de circunstancias trágicas y traumáticas, usted viene sólo con lo puesto. Y cuando llegue aquí a Estados Unidos necesitará un período de tiempo razonable para poder demostrar los hechos sobre su caso", explicó el senador.

Los republicanos responden que dicha ley fue aprobada en un momento en el que llegaban una media aproximada de 10,000 menores indocumentados al país, lo cual no se corresponde con el flujo migratorio al que Estados Unidos hace frente en la actualidad.

Nelson Castillo, miembro del Colegio de Abogados de Nueva York especializado en inmigración, explica a 20minutos que el Gobierno puede cambiar sus leyes en cualquier momento siempre que el Congreso lo apruebe.

Ahora bien, "deberían ser muy cautelosos al hacer todo esto, ya que existen estudios que verifican que el personal de la Patrulla Fronteriza que atiende a los menores muchas veces no está cualificado para verificar si el niño reúne o no los requisitos legales para permanecer en el país. Además, algunos muchachos llegan tan traumatizados a la frontera que apenas son capaces de vocalizar lo que les está pasando, en función del trauma que arrastran con ellos necesitan más tiempo, además de un lugar diferente a un puesto de detención para tranquilizarse y detallar de qué vienen huyendo".

Lejos del discurso oficial en ambas Cámaras, los defensores de los derechos de los inmigrantes alertan de que el cambio legal acotaría el derecho de los niños a comparecer ante un tribunal, lo que eliminará sus protecciones de ley, como acogerse al derecho de asilo humanitario.

El 9 de julio, varias organizaciones, entre ellas la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), interpusieron una demanda colectiva al Gobierno demócrata acusando a la administración federal de haber violado la quinta enmienda constitucional sobre el debido proceso así como la Ley de Migración y Nacionalidad que requiere audiencias justas y equitativas en las cortes de migración.  Los demandantes indicaron que aunque la Casa Blanca ha reconocido que la situación en la frontera equivale a "una situación humanitaria", los menores son forzados a comparecer en las audiencias con desventajas.

En un escenario próximo a las elecciones al Senado del 4 noviembre y con los republicanos chantajeándole, Obama no parece estar listo para dar pasos ejecutivos concretos que, manteniendo el derecho de los niños a pedir asilo a un juez, impliquen reducir notablemente el flujo de los que intentan encontrar un futuro digno lejos de sus países de origen.