Un obispo peruano de un grupo conservador renunció el miércoles a continuar una demanda por difamación agravada que ganó en primera instancia a un periodista que en 2015 reveló el mayor escándalo dentro de la Iglesia Católica en Perú.

José Eguren, miembro del grupo conservador Sodalicio de Vida Cristiana y obispo de Tumbes y Piura, anunció en un comunicado que había decidido “renunciar al derecho que me asiste para defender mi reputación y buen nombre”.

Añadió que su intención al enjuiciar al periodista Pedro Salinas en 2018 fue “defender el derecho fundamental que tenemos todos al buen nombre, que reflexionemos sobre el valor de la honra de las personas, y que se evite hacer imputaciones falsas”.

El lunes la jueza Judith Cueva, de la región Piura, sentenció en primera instancia al periodista y le ordenó pagar 24.000 dólares por concepto de reparación civil. La defensa del periodista había apelado la decisión judicial.

La demanda del religioso se basó en una columna de Salinas de inicios de 2018 en un portal noticioso local donde el periodista realizaba un símil entre el obispo peruano y Juan Barros, religioso chileno acusado de encubrir a un notorio predador sexual. La columna también mencionaba que el obispo estaba “presuntamente implicado” en un caso de tráfico de tierras en el norte del país. Carlos Rivera, abogado de Salinas, dijo que se pronunciaría tras leer el desistimiento judicial.

Eguren destacó entre los obispos locales durante la visita del papa Francisco a Perú porque fue el encargado de leer un discurso de bienvenida al Sumo Pontífice en la ciudad peruana de Trujillo.

En 2015, Salinas y la periodista Paola Ugáz publicaron un libro llamado “Mitad monjes, mitad soldados” en el que acusaron al fundador del Sodalicio, un laico llamado Luis Fernando Figari, de mantener una cultura de maltratos psicológicos, físicos y en casos extremos de abuso sexual a lo largo de 40 años. El caso se judicializó debido a los diversos testimonios recogidos entre ex miembros de ese grupo religioso conservador.

La fiscalía peruana denunció a Figari y a otros cinco miembros de la cúpula de ese grupo por los delitos de asociación ilícita y lesiones psicológicas graves. También pidió nueve meses de prisión para Figari por la gravedad de los delitos que se le imputan y por obstaculizar la justicia debido a que se encuentra fuera del país. Según el Vaticano, Figari vive en la actualidad en Roma.

La fiscalía argumenta que Figari creó una asociación ilícita en el interior del grupo religioso para cometer abusos físicos, psicológicos y sexuales en contra de integrantes adolescentes. Los delitos no han prescrito para la ley peruana.

Figari fundó el Sodalicio en 1971 como una comunidad de legos con el fin de reclutar "soldados para Dios". El grupo cuenta con unos 20.000 miembros en Sudamérica y Estados Unidos.