Cuando Ahmed Khalil se halló desempleado como chofer de autobús en la ciudad iraquí de Mosul hace tres años, se presentó como voluntario para la fuerza policial del grupo Estado Islámico, esperando que el salario le ayudara a mantener a su familia.

Pero lo que logró fue dejar un legado de infortunio que se extendió más allá de su propia vida.

En Mosul y en muchas otras comunidades iraquíes, miles de familias — incluyendo la viuda y los hijos de Khalil — sufren rechazo y discriminación debido a las actividades de sus seres cercanos que son acusados de haber apoyado al EI cuando el grupo extremista ocupaba buena parte del país.

Esposas, viudas e hijos han sido desheredados por sus familias y abandonados por el Estado. Los registros civiles se niegan a inscribir nacimientos de bebés cuyas madres estaban casadas con miembros del EI, y las escuelas se niegan a aceptar a los niños. Los servicios de bienestar social rechazan a las madres pobres y los mujtars — alcaldes comunitarios — no permiten a las familias mudarse en sus vecindarios.

El supuesto “califato” que el EI logró imponer en partes de Siria e Irak ha desaparecido, pero las atrocidades y la devastación que la agrupación promovió han dejado profundas heridas en la sociedad.

“Dicen que mi padre era Daesh y eso me duele”, declaró Safa Ahmed, la hija de Khalil, quien tiene apenas 11 años de edad, usando el nombre árabe del EI.

Irak ha hecho poco para investigar la conducta de decenas de miles de hombres que, por voluntad propia u obligados por las circunstancias, se incorporaron al EI entre el 2013 y el 2017. En lugar de ello, las comunidades castigan a familiares por la conducta de sus allegados.

Khalil murió en un bombardeo sobre Mosul en febrero del 2017, durante la campaña por liberar a la ciudad que finalizó en julio de ese año. Pero la batalla se ganó a un costo escalofriante: se calcula que unos 10.000 civiles murieron en el asedio, y gran parte de la ciudad está en ruinas.

Su viuda, Um Yusuf, y sus siete hijos ahora deben lidiar con el estigma de estar relacionados con alguien del EI. Ella no ha podido recibir asistencia pública, y su hijo adolescente Omar no ha podido conseguir empleo.

Viven en una escuela abandonada, con el poco dinero que ganan vendiendo pan en las calles de la devastada ciudad. Sólo tres de los hijos están en la escuela. Los dos mayores tuvieron que salirse por las burlas que sufrían por ser hijos de alguien asociado con el EI, y el más pequeño no puede inscribirse porque el registro civil se niega a emitirles cédulas de identidad.

“Es cierto que el padre cometió un error, pero ¿por qué castigar a los hijos por el pecado del padre?”, expresó Um Yusuf.

Bajo las leyes iraquíes, un niño necesita tener el nombre de su padre para tener partida de nacimiento y cédula de identidad, para inscribirse en la escuela y para recibir ciudadanía, prestaciones sociales y herencias.

Pero ahora que el EI ha sido derrotado, prácticamente todo proceso burocrático conlleva una investigación de los antecedentes de los familiares varones de la mujer, lo que desemboca en miles de madres, viudas e hijos sin poder recibir beneficios.

Un informe de la ONU estimó que hay actualmente 45.000 niños indocumentados en Irak. Jueces y grupos de derechos humanos advierten que el problema debe resolverse, y que de lo contrario crecerá en el país toda una generación sin papeles y sin educación escolar.

“Al castigar a familias enteras, se les está marginando y se está socavando la posibilidad de una reconciliación en Irak”, manifestó Tom Peyre-Costa, portavoz del Consejo de Refugiados de Noruega, que da asesoría legal a mujeres iraquíes para conseguir documentos de identidad.

En la escuela al-Iraqiya en el oeste de Mosul, una de las primeras que reabrió tras el fin de los combates, el director Khalid Mohammad dice que las familias le presionan para que rechace a los hijos de padres que están encarcelados o desaparecidos, ausencia que muchos interpretan como prueba suficiente de afiliación con el EI.

“Si alguien se queja y se investiga el caso, yo podría perder mi empleo”, dijo Mohammad.

En una oficina legal mantenida por el Consejo de Consejo de Refugiados de Noruega, Nour Ahmed buscaba manera de registrar a su hijo pequeño para poder recibir cupones de asistencia para comida y combustible.

Su esposo, dijo la mujer, fue secuestrado hace dos años en Mosul por una milicia pro-oficialista que lo acusaba de ser miembro del EI. Ahmed insiste en que él no era miembro. El esposo sigue desaparecido.

El hijo pequeño nació en el 2016 en un hospital regido por el EI y su partida de nacimiento tiene el sello de la milicia. Debido a que Irak no reconoce los documentos del EI, el pequeño sigue indocumentado.

A Ahmed se le dijo que para inscribir a su hijo necesita encontrar al marido. Si ella presenta una denuncia de desaparición, levantaría dudas sobre su parentesco y pondría en riesgo su derecho a conseguir ciudadanía.

“Lo único que quiero es encontrarlo”, dijo Nour.

Adnan Chalabi, un juez de apelaciones, dijo que todos los días le llegan a él más de una docena de casos relativos a documentación, introducidos en su mayoría por las esposas, viudas o mujeres divorciadas de presuntos miembros del EI. No hay mucho que él puede hacer, afirmó, a menos que se cambien las leyes primero.

"Daesh ocupó la ciudad por tres años. ¿Acaso la gente dejó de casarse, divorciarse y tener hijos en esos tres años?", expresó el juez. "Necesitamos una solución legislativa”.

Hay poca voluntad en el país de cambiar las leyes familiares y de patrimonio, dijo el presidente del parlamento iraquí, Mohamad Halbousi, aunque hay una propuesta de abrir los registros civiles por un período breve para inscribir a niños indocumentados.

“Hay que cuidar a estas familias, no se les puede dejar que desaparezcan en medio de la sociedad”, comentó.

Frente a una mezquita en Mosul, donde Um Yusuf vendía pan con sus hijos, la mujer dijo que se les están acabando las fuerzas para mantener a su familia.

“No tenemos nada, la familia entera está destruida”, lamentó.