Venezuela descartó acudir ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), justo horas antes de la fecha fijada por esa instancia para que el país sudamericano presente sus alegatos en relación con la antigua disputa territorial con la vecina Guyana.

La cancillería venezolana anunció el miércoles en un comunicado su decisión de no ir a La Haya el 18 de abril, fecha límite establecida para entregar sus argumentos históricos respecto al conflicto. Caracas argumenta que la Corte "carece manifiestamente de jurisdicción sobre el caso", y considera que el propósito de la demanda de Guyana es "inadmisible".

El gobierno del presidente Nicolás Maduro ratificó en el escrito su firme disposición de defender la integridad territorial de Venezuela en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966, por el cual convinieron en buscar una solución práctica y pacífica a la disputa territorial, bajo el auspicio de las Naciones Unidas.

Venezuela insiste en lograr un arreglo diplomático con Guyana y ha descartado la iniciativa del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de que la CIJ sea el medio para resolver la disputa. Dos meses después de la declaración de Guterres, en marzo de 2018, Guyana solicitó a la corte dirimir la disputa territorial.

"Venezuela históricamente no ha aceptado, no aceptará esa jurisdicción y mucho menos ha otorgado su consentimiento sobre una demanda infundada con la que la República Cooperativa de Guyana pretende eludir la obligación de negociar amistosamente un arreglo práctico, aceptable y satisfactorio" para las partes, destacó el comunicado. La CIJ ya fue notificado oficialmente, se informó.

El gobierno de Guyana sostiene que únicamente aceptará un fallo de la Corte, argumentando que cualquier otra resolución perjudicaría el desarrollo económico de su país.

En el 2016, el entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, reforzó el proceso de buenos oficios, que data de 1990, advirtiendo entonces que si para finales de 2017 no se daba un avance importante debería llevarse el caso ante la CIJ.

El reclamo venezolano se enmarca en su desconocimiento del llamado Laudo de París de 1899, bajo el argumento de que mediante ese fallo Gran Bretaña despojó a Venezuela "ilícitamente" de la llamada Guayana Esequiba, al fijar de manera arbitraria los límites fronterizos de la ahora excolonia británica y Venezuela.

El denominado Esequibo es un territorio de unos 159.500 kilómetros cuadrados que incluye también un área de plataforma marítima y que es rico en petróleo, oro, bauxita, diamantes y madera, entre otros recursos naturales.

Desde el 2015, Venezuela y Guyana repetidamente han enfrentado fricciones como consecuencia de las exploraciones petroleras que realiza una subsidiaria de la estadounidense Exxon Mobil por decisión del gobierno de Georgetown en parte del área en disputa frente a la costa norte de Sudamérica.