La Policía filipina mata a 14 personas en redadas

Catorce supuestos rebeldes comunistas murieron a manos de la Policía filipina durante varias redadas en una provincia en el centro del país, según dijeron las autoridades el domingo, aunque grupos...

Catorce supuestos rebeldes comunistas murieron a manos de la Policía filipina durante varias redadas en una provincia en el centro del país, según dijeron las autoridades el domingo, aunque grupos humanitarios afirmaron que los fallecidos eran campesinos que se sumaban a otras víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

Docenas de policías respaldados por militares iban a registrar el sábado varias viviendas con autorización judicial en una ciudad y dos localidades de la provincia de Negros Oriental cuando los 14 hombres presentaron resistencia violenta, según policías. Un agente recibió un disparo en la pierna en la operación antiinsurgencia, en la que también fueron detenidos 15 sospechosos, según las autoridades.

Seis supuestos insurgentes y partidarios de los rebeldes escaparon, según el jefe de la policía regional, Debold Sinas. Las autoridades confiscaron tres escopetas, 25 pistolas, un rifle improvisado, tres granadas, munición y documentos rebeldes en las redadas simultáneas en la ciudad de Canlaon, donde fueron abatidos ocho sospechosos, y en las localidades de Manjuyod y Santa Catalina, donde se produjeron las otras muertes en supuestos tiroteos.

“Hubo 14 sospechosos que se enfrentaron a los agentes en un tiroteo durante la ejecución de las órdenes de búsqueda, lo que llevó a sus muertes”, indicó Sinas en un reporte al jefe de la policía nacional.

Grupos de derechos humanos y de agricultores condenaron las muertes y pidieron una investigación independiente. Las organizaciones afirmaron que los fallecidos eran campesinos, y dos de ellos eran jefes de aldea.

La Federación de Trabajadores Agrícolas citó a la esposa de uno de los muertos, Edgardo Avelino, que dijo que 10 hombres de uniforme entraron a la fuerza en su casa en torno a la medianoche diciendo que tenían una orden de arresto. Poco después, los hombres supuestamente mataron a tiros a Avelino y a su hermano Ismael, según la agrupación agrícola.

Entre los fallecidos también había un religioso conocido por su buen carácter y varios miembros de un grupo religioso, según dijo un obispo católico, Gerardo Alminaza. Las atrocidades cometidas por las fuerzas de seguridad, dijo Alminaza, “los convertirán en los mejores reclutadores para el movimiento clandestino”.

“La espantosa práctica de estas ‘operaciones policiales’ obviamente pretende hacer que campesinos, activistas y otros ciudadanos corrientes de Negros se encojan de miedo, renuncien a sus derechos y acepten la oleada de terror bajo una ley marcial de facto”, afirmó la Alianza de Defensores de Derechos Humanos de Negros Norte.

El grupo dijo que seis agricultores murieron y más de 50 fueron detenidos en redadas policiales similares el pasado diciembre en Guihulngan, en Negros Oriental, que se encuentra en una isla donde se produce azúcar, conocida por la gran desigualdad entre los pobres y las adineradas familias terratenientes.

El presidente del país, Rodrigo Duterte, declaró la ley marcial en el sur de Filipinas en 2017 para contener un mortal asedio de milicias aliadas al grupo extremista Estado Islámico y otros insurgentes. Aunque Negros Oriental no está en la zona sur, es una región situada 590 kilómetros (366 millas) al sur de Manila donde policía y ejército han aumentado sus redadas contra insurgentes en los últimos años.

La policía negó que los 14 muertos en operaciones del domingo fueran víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Además de armas de fuego sin licencia, la policía buscaba a supuestos miembros de la guerrilla New People’s Army implicados en un ataque fallido contra una comisaría de Canlaon este mes y otros ataques contra la policía, dijo Sinas.

Hace medio siglo que las guerrillas comunistas en Filipinas libran una rebelión rural, una de las más largas de Asia. La violencia ha dejado unos 40.000 muertos entre civiles y combatientes. También ha limitado el desarrollo económico, especialmente en el capo, donde según el Ejército quedan 3.500 insurgentes en activo.